La Resolución No. 230, firmada por el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, crea el Fondo Especial de Seguridad y Protección de Áreas Específicas del Canal de Panamá, cuya administración estará a cargo del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).
El mecanismo contempla un financiamiento anual de 12,9 millones de dólares durante tres años, recursos que provendrán de los gastos operativos de la vía interoceánica y serán depositados en la Cuenta Única del Tesoro (CUT).
La medida fue cuestionada por diputados como Betserai Richard, Grace Hernández, Ernesto Cedeño, Jhonathan Vega y Luis Duke, quienes plantearon dudas sobre la transparencia y el manejo de los fondos.
Uno de los principales puntos de controversia es que la resolución declara reservada y confidencial información relacionada con los planes operativos y registros contables vinculados con la ejecución financiera del fondo.
Duke sostuvo que determinadas cuestiones de seguridad nacional pueden requerir confidencialidad, pero consideró que esa reserva no debería abarcar información sobre cuánto dinero se gasta, cómo se utiliza y a quién se paga.
Ante la Comisión de Presupuesto, Ábrego explicó que la iniciativa comenzó a gestarse en 2023, ante la preocupación por los riesgos derivados de conflictos internacionales y las crecientes tensiones geopolíticas.
Según el ministro, inicialmente se calculó que el fondo requeriría unos 200 millones de dólares, cifra que calificó de exagerada.
El funcionario señaló que, tras la llegada al poder del presidente José Raúl Mulino en 2024, continuaron las conversaciones entre el Gobierno y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para reforzar la seguridad de la vía.
De acuerdo con el viceministro de Seguridad, Luis Felipe Icaza, actualmente existen 5,2 millones de dólares depositados en la CUT, aunque todavía no pueden utilizarse hasta completar el manual correspondiente y obtener el refrendo de la Contraloría.
La resolución establece que los recursos serán supervisados por la Contraloría y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mientras la ACP mantendrá funciones de auditoría y fiscalización.
El director de Presupuesto del MEF, Justo Botacio, detalló que para utilizar los fondos el Ministerio de Seguridad deberá solicitar un crédito adicional, sujeto a la aprobación de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.
La nueva administradora del Canal, Ilya Espino de Marotta, defendió el mecanismo y señaló que la reserva solicitada por la ACP está relacionada con los planes de seguridad, no con la información operativa.
Refirió además que la ACP mantiene desde hace años convenios con distintas instituciones estatales para garantizar la protección de sus áreas y patrimonio.
Las autoridades aseguraron que el programa abarcará siete áreas y unas 123 comunidades, y 26 corregimientos bajo responsabilidad del Canal.
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