La restricción rige desde las 00:00 hasta las 05:00 (hora local) en los territorios costeros de Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro.

El ministro del Interior, John Reimberg, explicó que se trata de una medida temporal y focalizada, acompañada de un despliegue de policías y militares para intensificar los operativos contra las organizaciones criminales.

Durante las cinco horas de restricción, los habitantes de esas provincias deberán permanecer en sus domicilios y la circulación estará permitida únicamente en las excepciones establecidas por el Gobierno.

El toque de queda forma parte del estado de excepción por grave conmoción interna decretado por el presidente Daniel Noboa durante 60 días en las provincias mencionadas y también en Esmeraldas, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas y Pichincha, donde se ubica Quito.

Igualmente, la excepcionalidad se aplica para los cantones Camilo Ponce Enríquez, en Azuay; Las Naves, en Bolívar; y La Maná, en Cotopaxi.

No obstante, la restricción de movilidad aplica únicamente para Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro.

El Gobierno precisó que los servicios públicos y sectores estratégicos continuarán funcionando y los aeropuertos mantendrán sus operaciones.

El nuevo toque de queda es el tercero aplicado en Ecuador durante 2026, después de las restricciones implementadas en marzo y mayo.

En el último de esos operativos, las autoridades reportaron tres mil 422 detenidos, cerca de dos mil de ellos por incumplir la restricción.

En enero de 2024, ante una ola de violencia en calles y cárceles, Noboa decretó la existencia de un conflicto armado interno que propició la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna.

A pesar de esa y otras medidas que incluyen más de 30 estados de excepción y despliegue de uniformados, persiste la expansión del crimen organizado y entre enero y julio de este año el número de homicidios llegó casi a cinco mil, según datos oficiales.

En ese contexto, organizaciones internacionales de derechos humanos presentaron un informe que alerta sobre el deterioro de las garantías democráticas y la criminalización de la sociedad civil en Ecuador en el contexto de la militarización de la seguridad.

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