Ante esa situación algunos transportistas pretenden gestionar la devolución formal de sus permisos de línea con el Estado salvadoreño, pues los convenios suscritos obligan a los empresarios a mantener las unidades en circulación, aunque las rutas operen con saldos negativos, indicó la Mesa.

De acuerdo con la mesa, el gasto en diésel representa el 68 por ciento de los costos operativos diarios de una unidad, cuestión agudizada tras la nueva alza de los combustibles a partir del 15 de septiembre.

Hasta el momento, los carburantes acumulan cerca de dos dólares en 2016, a ello se suman los mayores costos de piezas de repuestos, lubricantes, llantas, mantenimiento y otros insumos relacionados con la operación de las unidades.

En paralelo, existe un deterioro de la flota nacional que pasó de 10 mil 530 autobuses y microbuses registrados en 2021, a nueve mil 476 unidades en 2026, equivalente a la salida de mil 57 vehículos de trabajo.

A esa contracción se suma la caducidad del periodo legal de vida útil de 987 unidades en 2027, justo cuando los empresarios no disponen de liquidez ni de acceso a crédito para renovar el parque motor como consecuencia a tasas de interés entre el 10 y el 18 por ciento.

Unido a ello, el Gobierno aun no realizó el desembolso de la compensación económica correspondiente a julio y agosto.

Desde abril, los transportistas plantearon al Gobierno establecer un precio techo de entre dos dólares y 2,50 dólares para el galón de diésel, además de evaluar una nivelación de la tarifa del transporte colectivo.

Este lunes la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas anunció que la gasolina superior quedará en 5,13 dólares en la zona central y 5,14 en oriente y occidente; la regular en 4,80 en la zona central y 4,81 en oriente y occidente; mientras el galón de diésel costará 4,86 dólares en todo el país del 15 al 28 de septiembre.

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