El representante a la Cámara Gabriel Becerra calificó como inconstitucional la iniciativa, presentada por dos miembros del Centro Democrático, que se declaró como partido de gobierno.
Según expuso en su cuenta de la red social X, el artículo 150.10 de la Carta Magna establece que las facultades extraordinarias deben ser solicitadas expresamente por el Gobierno, por lo cual el “Congreso no puede, por iniciativa propia, desprenderse de su función legislativa y ofrecerle facultades extraordinarias al Ejecutivo”.
Alertó Becerra que el fin del proyecto entraña “una transformación profunda” del Estado.
“Pretenden facultar al presidente para fusionar, transformar, suprimir, disolver y liquidar entidades públicas, modificar sus funciones y estructuras y reorganizar plantas de personal mediante decretos con fuerza de ley”, advirtió.
También remarcó que su alcance sería “gigantesco” pues los cambios afectarían directamente a 23 sectores administrativos, entre ellos Agricultura, Ambiente, Ciencia, Cultura, Educación, Salud, Trabajo, Inclusión Social, Vivienda y Planeación.
“Las consecuencias pueden ser enormes. El proyecto abre la puerta a supresión y fusión de entidades, eliminación de dependencias, reducción de plantas y pérdida de empleos públicos. Miles de servidores podrían verse afectados y numerosas instituciones podrían perder capacidad para atender a la ciudadanía”, ahondó el legislador.
Consideró que ante el panorama descrito el Congreso no puede esperar a que las entidades hayan sido suprimidas y los empleos eliminados para reaccionar.
“Frente a esta orientación neoliberal, defendemos un Estado social fuerte, capaz de garantizar educación, salud, reforma agraria, trabajo digno, ciencia, cultura, ambiente, vivienda y protección social. Sin instituciones públicas fuertes, los derechos terminan convertidos en letra muerta”, planteó Becerra.
También pidió a los trabajadores públicos, organizaciones sindicales, movimientos sociales, y al pueblo, a organizarse y movilizarse pacíficamente frente al referido proyecto.
“El Estado social no se liquida por decreto. Los trabajadores no pueden pagar el ajuste fiscal. Los derechos y lo público se defienden”, sentenció.
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