Según voceros de la alianza Pueblo Unido por la Vida, se trata de acciones ilegales de vigilancia y amenazas contra dirigentes y sus familiares.

Los organizadores de la movilización cuestionaron las recientes declaraciones del ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, sobre las operaciones de agentes policiales dentro de organizaciones sociales.

Jorge Guzmán, de la Coordinadora Popular por la Lucha de los Derechos Humanos de Panamá, rechazó lo que calificó de intentos por justificar esas actuaciones y pidió al presidente José Raúl Mulino no destinar recursos públicos al seguimiento de movimientos que, dijo, anuncian de manera abierta sus actividades.

El dirigente llamó a la ciudadanía a participar en la caminata, que partirá del emblemático parque Belisario Porras, en esta capital, y estará dedicada a reclamar respeto a los derechos fundamentales, la libertad sindical y la libre organización.

De otra parte, cuestionó al Ministerio Público por la falta de medidas de protección para las personas que han presentado denuncias y evidencias sobre la supuesta actuación de agentes encubiertos.

Por su parte, dirigentes sindicales denunciaron presuntos actos de vigilancia y seguimiento contra organizaciones y líderes sociales, incluidos allanamientos y recopilación de información en viviendas y vehículos que, según sostienen, habría sido utilizada para elaborar expedientes contra dirigentes.

Yamir Córdoba, secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), defendió el derecho a la libertad de expresión y de pensamiento y denunció una persecución contra sectores que mantienen posiciones críticas frente a políticas gubernamentales.

Afirmó que varios dirigentes sindicales han debido recurrir a distintas vías para preservar su integridad ante procesos judiciales y acciones policiales que consideran parte de una persecución contra el movimiento social.

El docente Mario Almanza, entretanto, aseguró que los sectores populares continuarán movilizados en defensa de la justicia y la dignidad, pese a las acciones que, según denunció, han afectado también a integrantes del sector educativo.

El debate adquirió relevancia después de que la Policía Nacional reconociera públicamente el empleo de agentes encubiertos, aunque rechazó que se trate de “infiltrados” y sostuvo que esas actuaciones se realizan para preservar el orden y la seguridad nacional dentro del marco legal.

Las organizaciones sociales, sin embargo, sostienen que las operaciones denunciadas tuvieron como objetivo sindicatos, grupos ambientales, estudiantes, docentes y defensores de derechos humanos, y han presentado denuncias ante la Fiscalía y otras instituciones, además de solicitar medidas de protección para dirigentes y familiares.

El abogado Jorge Castañeda explicó que el ordenamiento jurídico panameño contempla las operaciones encubiertas, pero establece límites vinculados con la finalidad de la investigación y el respeto a las garantías fundamentales.

El artículo 315 del Código Procesal Penal establece que las operaciones encubiertas pueden realizarse durante una investigación para obtener evidencias sobre la comisión de un hecho punible y determinar sus responsables.

Asimismo, la Ley 121 de 2013 define las operaciones encubiertas como técnicas destinadas a investigar y procesar integrantes de grupos delictivos organizados y dispone que sean ordenadas por el fiscal competente y sometidas al control del juez de garantías.

La norma establece además que esas actuaciones no pueden vulnerar los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales.

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