La medida, prevista en el Código Electoral, comienza 15 días antes de la primera vuelta, prevista para el 4 de octubre, y se extiende hasta 48 horas después del cierre de la votación, informó el Tribunal Superior Electoral (TSE).

Esta norma también alcanza a quienes continúen en la disputa para la segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre, caso en el que la protección también vuelve a aplicarse desde 15 días antes de la votación y hasta 48 horas después.

La excepción contemplada por la legislación es el flagrante delito, pues, cuando ocurra una detención en esas circunstancias, la persona deberá ser conducida inmediatamente ante un juez competente, quien evaluará la legalidad de la medida.

El calendario electoral establece además períodos específicos de protección para el electorado, así como para las personas que trabajen como integrantes de las mesas electorales y fiscales de partidos durante los comicios.

Con respecto a los electores, la restricción comienza cinco días antes de cada votación y se prolonga hasta 48 horas después de su conclusión.

Durante ese intervalo, solo podrán ser detenidos por flagrante delito, por una sentencia penal condenatoria relacionada con un crimen que no admite fianza o por incumplir un salvo-conducto emitido por la Justicia Electoral.

Asimismo, los miembros de las mesas de votación y fiscales partidistas también están protegidos frente a detenciones durante el período establecido por la ley, igualmente con la excepción de los casos de flagrante delito.

Las elecciones generales brasileñas se celebrarán el 4 de octubre para elegir presidente, gobernadores, senadores y diputados federales y estatales.

Si ningún candidato a la Presidencia o a los gobiernos de los estados obtiene la mayoría absoluta de los votos válidos, la segunda vuelta tendrá lugar el 25 de octubre.

El TSE señala que estas restricciones forman parte de las garantías establecidas por el Código Electoral para preservar el normal desarrollo de la jornada de comicios y evitar que medidas de privación de libertad interfieran en la participación de candidatos, electores y personas encargadas de funciones electorales.

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