viernes 25 de septiembre de 2026

Colombia: Admiten recurso legal para conocer uso de fondos tras sismo

Bogotá, 22 sep (Prensa Latina) El vicepresidente segundo del Senado, Alejandro Ocampo, celebró hoy la admisión por parte de un juzgado de un recurso legal para conocer el manejo del dinero recaudado por la Fundación Colombia Luz y Sonrisas de la primera dama.

“Es inaudito que tengamos que recurrir a la justicia ordinaria para que respondan una pregunta tan básica: ¿cuánto dinero recaudó la Fundación Colombia Luz y Sonrisas de la primera dama para los damnificados del terremoto?”, se quejó el congresista en su cuenta de X.

Según ahondó en su mensaje, hay opacidad en torno al uso de los recursos que ingresaron al fondo tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

“Llevan casi un mes escondiendo la cifra. Usaron canales públicos e institucionales para pedirle solidaridad a los colombianos, pero a la hora de rendir cuentas sobre la plata para las víctimas, prefieren el silencio”, lamentó.

El Juzgado 38 de Familia de Bogotá admitió la acción de tutela instaurada por Ocampo, tras el caso omiso de la Presidencia frente al derecho de petición radicado el pasado 24 de agosto de 2026 sobre el manejo de los recursos económicos recaudados por la Fundación en cuestión.

El recurso fue admitido en contra del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda, así como contra la organización sin ánimos de lucro de la que la primera dama de la nación es representante legal.

De acuerdo con el auto de admisión, el juez ordenó notificar a las entidades accionadas para que, dentro de un término de 48 horas corridas, se pronuncien sobre los hechos expuestos en la tutela y presenten los descargos a que haya lugar.

El despacho advirtió además que, de no responder dentro de ese plazo, se aplicará el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 y se tendrán por ciertos los hechos denunciados por Ocampo.

Una tutela en Colombia es un mecanismo judicial rápido y gratuito para pedirle a un juez la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando una autoridad pública o un particular los vulnera o amenaza.

El juez tiene un plazo máximo de 10 días hábiles para dar una respuesta y emitir un fallo.

ool/ifs

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