En un pronunciamiento, Jorge Guzmán, a nombre del Frente Nacional en Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso), exigió respeto a la soberanía y autodeterminación de Cuba.
El dirigente afirmó que esa organización rechaza toda acción de injerencia extranjera que atente contra la soberanía, seguridad y autodeterminación de los pueblos, particularmente aquellas que, según señaló, sean patrocinadas desde Estados Unidos.
Guzmán cuestionó que los manifestantes acudieran a las inmediaciones de la sede diplomática cubana portando banderas de Estados Unidos y Costa Rica, y reclamó esclarecer la naturaleza y eventual financiamiento de esas actividades.
Sobre los siete panameños detenidos en Cuba, sostuvo que la libertad de expresión y la protesta pacífica constituyen derechos fundamentales, pero no pueden utilizarse para justificar acciones de desestabilización o injerencia en los asuntos internos de otro Estado.
Por su parte, la abogada Lilian Ruiz, titular del capítulo Panamá de la Coordinadora Nacional de Solidaridad con Cuba, rechazó las acciones de confrontación atribuidas a la organización denominada Camino a la Democracia de Cuba.
Ruiz recordó que su dirigente, Boris Mauricio Betancourt Hernández, cumplió una condena de 38 meses de prisión por el delito de amenaza a la seguridad colectiva, relacionado con posesión agravada de drogas.
Asimismo, cuestionó que desde Panamá se incentiven acciones en territorio cubano que contravengan el ordenamiento jurídico de la isla y puedan constituir delitos.
Siete ciudadanos panameños permanecen detenidos en La Habana desde febrero, después de que un grupo de 10 fuera arrestado. Tres mujeres fueron posteriormente liberadas y regresaron a Panamá tras gestiones de las autoridades del país.
Los familiares de los siete que continúan privados de libertad se deslindaron públicamente de las organizaciones Camino a la Democracia de Cuba y FundaCuba y pidieron que esas agrupaciones y terceros no hablen en nombre de sus parientes.
Ruiz consideró legítimo preguntar de dónde entonces proceden los recursos utilizados para financiar las actividades denunciadas y quiénes se encuentran detrás de ellas, por lo que pidió a las autoridades panameñas realizar las investigaciones correspondientes.
La activista social también cuestionó lo que consideró un tratamiento desigual de las autoridades municipales en el uso de espacios públicos, y señaló obstáculos para realizar actividades de solidaridad destinadas a recolectar medicamentos, útiles escolares y otros insumos para la población cubana.
En ese sentido, rechazó además el cerco energético contra Cuba y llamó al Gobierno panameño a garantizar el respeto a la soberanía de otros Estados y a las relaciones bilaterales existentes.
“Panamá debe ser territorio de paz, respeto a la soberanía de los Estados y cumplimiento de la ley, y no plataforma para acciones que pongan en riesgo a ciudadanos y relaciones internacionales”, remarcó.
La Cancillería panameña, entretanto, mantiene gestiones diplomáticas y consulares por los siete ciudadanos detenidos y ha reiterado la necesidad de respetar las leyes y procedimientos establecidos por las autoridades cubanas.
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