La movilización comenzó el 22 de septiembre de 2025, 10 días después de que el Gobierno de Daniel Noboa decretara la eliminación del subsidio al diésel, un combustible utilizado ampliamente por el sector transportista y para las actividades productivas.
Esta medida desencadenó bloqueos en varias provincias, especialmente en la sierra norte, donde organizaciones indígenas y campesinas protagonizaron algunos de los episodios más intensos de la protesta.
La respuesta gubernamental estuvo marcada por la militarización con restricciones a la circulación y el traslado temporal de la sede del Ejecutivo a Latacunga, capital de la provincia de Cotopaxi, en el sur de Pichincha.
En Imbabura, provincia situada al norte de Quito, hubo fuertes enfrentamientos con policías y militares que buscaban dispersar a quienes protagonizaban el estallido.
Durante varias semanas, los bloqueos de carreteras se vivieron en diferentes localidades de la sierra ecuatoriana, incluida la capital, donde diferentes sectores salieron a las calles en rechazo al Gobierno y sus medidas neoliberales.
Como consecuencia hubo represión por parte de las fuerzas de seguridad, con el empleo de gases lacrimógenos por los agentes e incluso armas de fuego.
El balance estatal registró 111 policías y 27 militares agredidos, mientras la Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura reportó tres fallecidos y 820 heridos, incluidos 230 que, según esa organización, mantienen secuelas.
Un año después de lo ocurrido, Pacha Terán, una de las dirigentes, exigió verdad, memoria y justicia por las personas fallecidas, heridas y judicializadas durante las protestas.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos denunció que durante el levantamiento hubo 391 violaciones cometidas por policías y militares.
A causa de la represión de la fuerza pública se registraron tres muertos, Efrain Fuerez, José Guamán y Rosa Paqui, esta última falleció como consecuencia de gas lacrimógeno y los dos jóvenes indígenas por impactos de bala, de acuerdo con los grupos sociales.
La organización, que agrupa a pueblos indígenas de la zona y forma parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), prepara actividades para conmemorar el primer aniversario de la movilización.
Entre ellas figura la tercera edición del curso de formación política Sinchi Warmicuna, mientras sus dirigentes aseguran que buscan fortalecer las relaciones interculturales en Imbabura.
Si bien el estallido social de 2025 no paralizó al país completamente ni logró revertir la eliminación del subsidio al diésel, fue la primera gran crisis social enfrentada por Noboa durante su segundo período presidencial.
El 22 de octubre, el presidente de la Conaie, Marlon Vargas, anunció el fin de la paralización y el repliegue de las bases hacia sus territorios con la convicción de que la lucha continuaría en rechazo a la consulta popular que preparaba el Gobierno y finalmente fracasó.
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