De acuerdo con datos del Tribunal Superior Electoral (TSE), citados por agencia Brasil, en 2022 la cantidad de ese tipo de hechos llegó solamente a 15.
La violencia política contra las mujeres comprende intimidaciones, ataques contra la honra, amenazas, agresiones y otras prácticas destinadas a obstaculizar su participación en la vida pública.
Ante este problema, la legislación del gigante sudamericano contempla protección para féminas candidatas, electas y quienes participan en actividades políticas.
El Ministerio Público Federal (MPF) registró desde 2018 un total de 436 denuncias relacionadas con tales manifestaciones, y de ellas, 221 tuvieron contenido moral y 177, equivalente a poco más del 40 por ciento, correspondieron a violencia psicológica.
Tales cifras fueron presentadas durante el lanzamiento de una campaña conjunta del TSE y el MPF denominada Política es Sustantivo Femenino, con el fin de informar sobre el problema y promover acciones en su contra.
Durante la presentación, la ministra del TSE Estela Aranha advirtió que esas prácticas afectan a las mujeres que participan en política y pueden desalentar a otras de ingresar en ese ámbito.
Una investigación del Instituto Marielle Franco sobre 77 casos registrados de 2021 a 2025 encontró que el 87 por ciento de las víctimas eran negras.
Por otra parte, se divulgó que solo el 16 por ciento de las alcaldías están encabezadas por mujeres y más de 700 municipios no cuentan con ninguna de ellas en un cargo electivo.
A criterio de la procuradora electoral Raquel Branquinho, Brasil cuenta con una legislación alineada con las normas internacionales sobre representación femenina, pero el principal desafío continúa siendo enfrentar la violencia contra las mujeres que participan en política.
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