Entre los argumentos expuestos por la AL es que persisten conductas orientadas a la obtención de recursos con acciones vinculadas al tráfico de drogas como medio de financiamiento de las pandillas, unido al intento de replicar modelos de reclutamiento de jóvenes para integrar las estructuras criminales para delinquir.

Añade el Gobierno que el régimen de excepción permitió reducir los homicidios y realizar coordinaciones con autoridades extranjeras para capturar y deportar a personas vinculadas a las estructuras delictivas, entre ellas a “pandillas extranjeras”.

La propuesta gubernamental fue aprobaba por los 57 votos (de los 60 escaños de la AL) correspondientes a la banca del partido Nuevas Ideas del presidente, Nayib Bukele, prórroga que comenzará su vigencia el 28 de septiembre y concluirá el 27 de octubre cuando se llevará a votación nuevamente como ocurre desde 2022.

Sobre la aplicación de esta herramienta legal existen diversas opiniones de actores tanto nacionales como internacionales.

Por una parte, reconocen la disminución sostenida de la criminalidad pero alertan sobre la suspensión de las garantías constitucionales al conservar limitaciones relacionadas con el derecho de defensa, el tiempo máximo de detención administrativa y la privacidad de las telecomunicaciones, contempladas en los artículos 12, 13 y 24 de la Constitución.

Organizaciones sociales como el Movimiento de Víctimas del Régimen rechazan la captura de personas inocentes bajo la medida, al tiempo que el Gobierno ha admitido que existe un “margen de error” sin detallar cuántos arrestos corresponderían a dicho margen.

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