El decreto forma parte de un conjunto de medidas destinadas a reforzar la integración escolar y el aprendizaje del idioma, según informó el Gobierno en transmisión vía streaming.

La disposición, impulsada por la primera ministra Giorgia Meloni y el ministro de Educación y Mérito, Giuseppe Valditara, contempla criterios diferenciados según el nivel educativo y entrará en vigor, en principio, al siguiente día de su publicación en la Gaceta Oficial.

En la enseñanza primaria, el límite afectará a los alumnos con ciudadanía no italiana que no hayan nacido en este país o que no hayan cursado al menos dos años de educación infantil.

Para las escuelas secundarias de primer y segundo nivel se tendrá en cuenta a quienes no hayan completado satisfactoriamente al menos tres años del sistema educativo italiano.

La norma no establece, por tanto, un límite basado exclusivamente en la nacionalidad, sino que incorpora como elemento central el grado de integración en el sistema educativo italiano y el conocimiento de la lengua, según las precisiones difundidas por el Ejecutivo.

El Gobierno prevé además mecanismos de redistribución de alumnos y posibles excepciones cuando las condiciones locales hagan difícil aplicar el porcentaje de manera estricta.

La medida convierte en norma de rango legal el límite del 30 por ciento previsto desde 2010 mediante una disposición administrativa que, según medios italianos, tuvo una aplicación limitada.

Datos ministeriales citados por La Repubblica indican que en el curso 2022-2023 solo el 0,6 por ciento de las aproximadamente 370 mil aulas del país superaba ese porcentaje de alumnos sin ciudadanía italiana.

Meloni defendió la decisión tras la reunión del Consejo de Ministros y sostuvo que el objetivo es evitar la formación de las denominadas “clases gueto” y favorecer que los alumnos que tienen dificultades con el italiano puedan integrarse en mejores condiciones.

La primera ministra presentó el decreto como un instrumento para combinar integración y cumplimiento de las reglas escolares.

El texto aprobado incluye otras disposiciones relacionadas con la integración, entre el refuerzo de los mecanismos para el aprendizaje del italiano por parte de familias de alumnos con dificultades lingüísticas.

También establece la prohibición de participar en actividades escolares con el rostro cubierto, salvo determinadas razones sanitarias o de seguridad.

Las infracciones podrán ser sancionadas con multas de entre 200 y mil euros, que en el caso de menores podrán recaer sobre sus responsables legales.

El decreto aprobado por el Gobierno tiene lugar después de varios días de debate político e institucional sobre la iniciativa.

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