En su comunicado, la Cancillería sostuvo que la decisión responde a los pilares que guían la política exterior en materia de seguridad nacional y hemisférica, y lucha contra el crimen transnacional, y ante los “presuntos vínculos del Gobierno de Irán con grupos terroristas internacionales y otros grupos narcoterroristas”.
Alegó, además, otras supuestas “violaciones” por parte del Estado iraní.
La comunicación aclaró que lo anterior “no significa la ruptura de relaciones consulares, según lo previsto en el artículo 45 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y el numeral 3 del artículo 2 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963”.
Por lo anterior, especificó, la Dirección de Protocolo informará a las autoridades iraníes el procedimiento que les corresponde seguir.
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