En sesión pactada para continuar con la interpelación del ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, el pleno entró primero a conocer los señalamientos a la norma 21-2026, Ley de Estabilización y Precios de Referencia de Venta al Consumidor.

Luego fue a votación y 58 legisladores estuvieron en contra, 24 a favor de las objeciones, mientras 78 estuvieron ausentes.

Rodríguez “lo único que buscaba era retener la medida”, expresó el parlamentario Juan Carlos Rivera.

La iniciativa, analizada de urgencia nacional ante la crisis con los carburantes, contó semanas atrás con el respaldo de 130 diputados.

Hasta el 31 de diciembre venidero establece valores máximos para la comercialización del diésel y de la gasolina regular y especial.

El presidente del Congreso, Luis Contreras, detalló que el siguiente paso es remitir la norma al Gobierno para que el mandatario del país, Bernardo Arévalo, sea quien defina si la vetará o sancionará.

El Legislativo aprobó el martes pasado una suspensión temporal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y a la Distribución de Petróleo y otros combustibles para atenuar los precios.

Marlon Perera, representante de la Gremial de Transportistas de Guatemala, calificó la decisión de victoria ciudadana y reconoció el esfuerzo de los sectores que presionaron en las calles y otros espacios.

Sin embargo, analistas consultados por el diario local La Hora consideraron que llega en un momento de presión fiscal y manifestaron dudas sobre su diseño.

El director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Ricardo Barrientos, trasmitió su preocupación porque “suspender el IVA es administrativamente muy complejo”.

Por su parte, el exministro de Economía Rubén Morales indicó como principal reto garantizar que la reducción llegue efectivamente al consumidor y no quede absorbida en la cadena.

En este caso, el decreto debe completar el trámite correspondiente y, según Contreras, el Parlamento lo enviaría mañana al mandatario.

mar/znc