El proyecto obtuvo 88 votos a favor de la bancada del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados, mientras la Revolución Ciudadana (RC) se manifestó en contra de la iniciativa.
La nueva legislación reemplaza y unifica en un solo cuerpo legal las normas que regulan actualmente la aviación civil y el Código Aeronáutico, cuya legislación principal data de 2007.
La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, Valentina Centeno, de ADN, defendió la ley como una herramienta para mejorar la conectividad de Ecuador con otros países, impulsar el turismo y generar empleo.
El bloque aliado al Ejecutivo destacó la incorporación en la normativa del principio de cielos abiertos, que busca facilitar el ingreso de nuevas aerolíneas y ampliar las rutas y frecuencias internacionales.
Según sus promotores, una mayor competencia podría mejorar los servicios y reducir el precio de los pasajes aéreos, con la participación de empresas privadas en la administración o gestión de aeropuertos bajo determinadas condiciones.
La oposición cuestionó precisamente esos cambios y advirtió sobre posibles efectos en la soberanía y el control de infraestructura considerada estratégica.
El legislador Diego Salas, de la RC, reconoció que Ecuador necesita modernizar su legislación aeronáutica, pero rechazó que la nueva ley pueda abrir la posibilidad de entregar a empresas privadas funciones relacionadas con aeropuertos, radares o torres de control.
“La seguridad aérea es un asunto de Estado y de seguridad nacional”, afirmó la legisladora Paola Cabezas, también de la RC, al cuestionar la posibilidad de que determinadas funciones vinculadas con la infraestructura aeroportuaria queden en manos privadas.
Por su parte, el legislador Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano, criticó que la disposición obligue a los gobiernos municipales con competencias sobre aeropuertos a suscribir acuerdos de gestión con el Gobierno central.
Serrano puso en duda que la nueva legislación permita reducir las tarifas aéreas, ya que el Gobierno planteó beneficios similares con una disposición aprobada anteriormente para impulsar el turismo y aún así algunas aerolíneas abandonaron Ecuador, mientras los pasajes aumentaron.
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