En un mensaje divulgado en sus canales oficiales, el organismo destacó el comienzo de las primeras acciones restaurativas impuestas a los siete exintegrantes del último secretariado de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y de otros comparecientes ante el referido tribunal.

“En el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila, es la primera vez en la historia colombiana que exjefes de las FARC-EP (caso uno) y máximos responsables de la Fuerza Pública (caso tres) trabajan conjuntamente para cumplir con labores de búsqueda humanitaria de víctimas del conflicto armado”, resaltó.

Consideró que las sanciones impuestas por la JEP a los comparecientes, tras reconocer verdad y responsabilidad ante las víctimas, constituyen un hito histórico en la justicia transicional colombiana, y en el mundo, para abordar los crímenes ocurridos en el marco del conflicto y la lucha contra la impunidad.

La implementación actual de las sanciones a los comparecientes, apuntó, combina restricciones efectivas de libertades y derechos, mecanismos de monitoreo y supervisión, y realización de proyectos restaurativos orientados a la reparación de las víctimas y de comunidades afectadas por el conflicto armado.

Concluyó que la situación descrita demuestra la capacidad de la JEP para cumplir su mandato, establecer los patrones de los crímenes graves e imponer sanciones a los máximos responsables.

La JEP, el órgano de justicia transicional creado tras el Acuerdo de Paz de 2016, denunció recientemente una estrategia diseñada por parte de algunos congresistas, con anuencia del Gobierno, para provocar su desmantelamiento financiero.

Según se conoció la víspera, para 2027 prescindirán de 170 mil millones de pesos (más de 52 millones de dólares), lo cual, de acuerdo con la corte de paz, significaría dejar a esa entidad inoperante.

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