La norma 15.516 modifica la llamada legislación del Minuto Siguiente, vigente desde 2013, y establece reglas para integrar la actuación de los servicios de seguridad pública, salud y pericia.
El protocolo determina que el primer contacto con la víctima debe estar a cargo de un profesional de seguridad pública, quien deberá garantizar su traslado inmediato a una unidad pública de salud y registrar la denuncia.
También, precisó agencia Brasil, facilita capacitación específica y periódica para los profesionales de salud y seguridad que intervienen en esos casos, con el objetivo de evitar la revictimización durante el proceso de atención.
Como medidas previstas figura la evaluación médica inmediata del estado físico y emocional de la víctima, además de información sobre sus derechos y sobre el acceso a atención sanitaria y psicológica especializada y asistencia social.
Los servicios de salud deberán preservar materiales y vestigios que puedan ser utilizados en exámenes médico-legales y remitirlos al órgano oficial de pericia criminal.
Cuando la víctima no pueda desplazarse, el perito deberá acudir al lugar donde se encuentre para realizar el examen de cuerpo del delito.
Además, la legislación determina que las unidades policiales o sanitarias donde se atiendan estos casos deberán disponer de salas reservadas para garantizar un acogimiento multidisciplinario.
En los lugares donde no exista un órgano oficial de pericia criminal, la autoridad competente podrá designar un perito no oficial para realizar los procedimientos correspondientes.
Cada informe pericial deberá ser concluido y enviado a la autoridad policial en un plazo máximo de 10 días corridos.
Las autoridades también deberán preservar el lugar del delito y las pruebas materiales relevantes para la investigación.
Si la víctima es menor de edad, deberá comunicarse el caso al Consejo Tutelar, conforme a las disposiciones del Estatuto del Niño y del Adolescente.
El incumplimiento del protocolo que provoque revictimización o perjudique la investigación o protección de la víctima podrá configurar el delito de violencia institucional, según la Ley de Abuso de Autoridad.
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