En su informe, alertaron los entendidos que la ofensiva contra los grupos armados y el narcotráfico, el posible regreso de las fumigaciones aéreas contra los campos de coca y las nuevas unidades de seguridad urbana pueden profundizar el perfilamiento racial, el uso desproporcionado de la fuerza y la criminalización de los afrodescendientes en el país.

El llamado de atención, según enfatizaron, se debe al racismo sistémico que continúa arraigado en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y en el sistema de justicia penal.

Remarcó el equipo cómo los estereotipos que vinculan a las personas afrodescendientes, especialmente a los jóvenes, con la criminalidad o la peligrosidad, influyen aún en sus interacciones con las fuerzas del orden.

Un regreso a enfoques predominantemente punitivos y militarizados, señalaron los expertos, podría repetir impactos desproporcionados ya documentados en estas comunidades.

“Las políticas de seguridad y drogas deben basarse en los derechos humanos y la salud pública, incorporar un enfoque étnico-racial y garantizar la participación significativa de las comunidades afectadas”, afirmó Víctor Rodríguez, miembro del Mecanismo Internacional encargado de la redacción del informe.

El combate contra las drogas mereció una mención especial en el análisis.

Se reveló preocupación ante una posible reanudación de las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos, toda vez que existe información de que estas operaciones tuvieron en el pasado efectos desproporcionados sobre comunidades afrocolombianas, incluidos daños a cultivos de subsistencia, fuentes de agua, medios de vida y salud.

El informe dedicó un aparte para destacar las medidas adoptadas en Colombia durante los últimos años para reconocer el racismo estructural, mejorar la gestión de las manifestaciones y avanzar en iniciativas de memoria histórica y justicia reparadora.

Al mismo tiempo, valoró positivamente la Política Nacional de Drogas 2023–2033, adoptada bajo la administración de Gustavo Petro (2022-2026).

mar/ifs