Sobre todo, llaman la atención sobre las modificaciones introducidas en el texto durante su elaboración y las reacciones políticas y sociales que ha generado, luego de varios días de debate entre los defensores del proyecto gubernamental impulsado por la primera ministra Giorgia Meloni, la oposición y los sindicatos de educación.

Corriere della Sera subraya que el límite del 30 por ciento no se aplicará de forma indiscriminada a todos los estudiantes extranjeros y que saldrán del cómputo los nacidos en Italia y aquellos que hayan cursado con éxito determinados períodos de escolarización en el país.

La publicación señala además que la aplicación general del límite comenzará en el curso 2027-2028 y contempla excepciones y mecanismos de intervención cuando no sea posible cumplirlo.

En un análisis publicado este viernes, el mismo diario destaca la intervención del Estado durante la elaboración del decreto y considera que varias de las modificaciones introducidas responden a las observaciones formuladas por el presidente Sergio Mattarella.

Entre ellas menciona las excepciones al límite, mientras permanece pendiente el examen formal del decreto por parte del jefe del Estado.

La Repubblica, en tanto, destaca que el texto final sustituyó por sanciones económicas una disposición que había circulado en borradores anteriores y que contemplaba medidas mucho más severas para las familias que no cumplieran con los cursos de italiano.

Por su parte, La Stampa advierte que, según las cifras difundidas en relación con la medida, solamente alrededor del 0,6 por ciento de los alumnos corresponde a clases que superarían el límite cuando se consideran los estudiantes nacidos en el extranjero y se excluyen quienes ya cuentan con una trayectoria escolar suficiente en Italia. De igual forma, destaca que el decreto combina el límite para determinadas clases con otras disposiciones, entre ellas la obligatoriedad de cursos gratuitos de italiano para padres extranjeros con dificultades lingüísticas y sanciones de entre 200 y mil euros en caso de incumplimiento.

En estos momentos, el debate sobre el tema se desplazó del anuncio político inicial a las condiciones concretas de aplicación de la norma, teniendo en cuenta las dificultades señaladas por los directores de centros.

to/mml