La decisión fue adoptada por siete votos contra tres en un pleno virtual de la máxima corte del gigante sudamericano, publicó la agencia Brasil.
El relator del proceso, ministro Alexandre de Moraes, fue acompañado en la determinación por Cármen Lúcia, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Edson Fachin, Gilmar Mendes y Dias Toffoli.
A favor de la absolución se pronunciaron Luiz Fux, Nunes Marques y André Mendonça, quienes sostuvieron que las declaraciones del entonces parlamentario estaban vinculadas al debate político y se encontraban amparadas por la inmunidad de su función.
Dicho proceso se originó en publicaciones realizadas por Bolsonaro en octubre de 2021 sobre un proyecto presentado por Amaral para la distribución gratuita de productos de higiene menstrual.
En sus mensajes, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro afirmó que la iniciativa parecía atender intereses empresariales y relacionó a la parlamentaria con el empresario Jorge Paulo Lemann, a quien presentó como su mentor y patrocinador.
Amaral respondió con una querella contra Bolsonaro y el caso llegó al STF, recordó el referido medio periodístico.
Para De Moraes, las manifestaciones excedieron los límites del debate político y afectaron la honra de la parlamentaria, por lo que no podían quedar protegidas por la inmunidad prevista para los legisladores.
La multa impuesta supera los 80 mil reales (15,5 mil dólares) y corresponde a 39 días-multa, con cada jornada fijada en dos salarios mínimos.
También, el relator consideró que no correspondía sustituir la pena privativa de libertad por una sanción restrictiva de derechos, debido a que el condenado se encuentra en Estados Unidos y, según el proceso, en lugar no conocido por las autoridades brasileñas.
Eduardo Bolsonaro reside desde febrero de 2025 en dicho país, donde afirmó haber viajado para protegerse de lo que calificó como persecución judicial en Brasil.
Perdió su mandato en la Cámara de Diputados debido al número de ausencias en las sesiones parlamentarias.
Además, enfrenta otros procesos en Brasil, entre ellos una condena de cuatro años y dos meses de cárcel por coacción, dictada por la Primera Sala del STF en junio último y mantenida tras un recurso rechazado este mes.
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