La denominada Operación Cobra 2.0-A, desarrollada el pasado 18 de septiembre, dejó 28 personas detenidas tras 37 allanamientos realizados en distintos puntos del país, entre ellas médicos y personas vinculadas al sector farmacéutico.
El Ministerio Público sostiene que investiga un presunto entramado que habría defraudado a la aseguradora estatal por unos 15 mil millones de pesos (equivalentes a unos 252 millones de dólares).
Pero fue durante las audiencias de esta semana cuando el expediente adquirió una nueva dimensión pública.
El Ministerio Público informó que 13 de los imputados admitieron los hechos que se les atribuyen y colaboraron con las autoridades, razón por la cual solicitó arresto domiciliario para nueve de ellos, mientras mantiene la petición de 18 meses de prisión preventiva para otros 18.
La Fiscalía afirma que presentó 706 medios de prueba para sustentar sus planteamientos.
El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, anunció que dará a conocer este domingo su decisión sobre las medidas de coerción solicitadas por el Ministerio Público.
Senasa es la Administradora de Riesgos de Salud con mayor cantidad de afiliados del país. A finales de 2025 contaba con más de 7,4 millones de personas aseguradas y una cobertura superior al 70 por ciento de la población.
De ahí que cualquier cuestionamiento sobre sus finanzas, sus mecanismos de control o la utilización de sus recursos trascienda el ámbito administrativo. En juego están fondos destinados a garantizar servicios médicos a millones de personas.
La actual investigación no comenzó con los allanamientos de septiembre. El Gobierno dominicano sostiene que desde noviembre de 2024 instruyó al Ministerio Público, a la Cámara de Cuentas y a otros organismos de control a investigar denuncias sobre presuntas irregularidades en la institución.
En septiembre de 2025, la Presidencia dispuso la entrega a la Procuraduría de un informe elaborado por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales y Senasa sobre irregularidades detectadas en la aseguradora. El Ejecutivo aseguró entonces que las pesquisas continuarían bajo responsabilidad del Ministerio Público.
En enero de 2026, la Contraloría General instaló una Unidad de Auditoría Interna en Senasa, a solicitud del nuevo director ejecutivo de la entidad, Edward Guzmán, como parte de un proceso de fortalecimiento del control interno.
Para analistas, la pesquisa plantea interrogantes sobre los sistemas de supervisión de una entidad que administra recursos públicos y abre el debate sobre la eficacia de los controles internos, la fiscalización de los prestadores y la capacidad del Estado para detectar a tiempo eventuales irregularidades.
El fallo sobre las medidas de coerción será apenas el próximo capítulo de un proceso que todavía tiene un largo recorrido judicial.
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