Medios locales como Teleamzonas, Primicias y El Telégrafo divulgaron una publicación del Servicio de Distribución de Información Visual de Defensa de Estados Unidos con fotografías tomadas en territorio ecuatoriano, donde aparecen uniformados con el mencionado aparato.

La publicación no identifica la ciudad, provincia o instalación militar donde fueron captadas las imágenes y sitúa el despliegue en operaciones del Comando Sur y de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental.

La presencia de drones estadounidenses en Ecuador ya había sido documentada este mes con fotografías de operaciones de un RQ-20B Puma, empleado para vigilancia aérea durante entrenamientos en territorio ecuatoriano.

Las autoridades aseguran que la presencia militar del país norteño en territorio sudamericano busca apoyar operaciones contra el tráfico ilícito de drogas.

El pasado jueves militares estadounidenses participaron junto con policías ecuatorianos y agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en allanamientos realizados en varias provincias contra una estructura que estaría vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

La operación dejó 39 detenidos y permitió incautar siete toneladas de droga, de acuerdo con el Gobierno ecuatoriano.

A eso se suman las operaciones marítimas desarrolladas contra embarcaciones ecuatorianas señaladas por Washington de estar vinculadas con el narcotráfico, aunque no han presentado pruebas de esa acusación.

A su vez, el presidente Daniel Noboa planteó en una entrevista utilizar la Base Aérea de Taura, en la provincia costera de Guayas, como punto para centralizar parte de la cooperación militar con Estados Unidos y otras naciones.

Esta profundización de la presencia militar estadounidense se da aún cuando el artículo 5 de la Constitución ecuatoriana prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras.

Noboa propuso eliminar esa prohibición mediante una reforma constitucional, pero los ecuatorianos rechazaron la iniciativa en una consulta popular.

Si bien existen otros acuerdos bilaterales que permiten la cooperación internacional, el alcance de las acciones de Washington en suelo ecuatoriano genera cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos y de Naciones Unidas.

El relator especial de la ONU sobre derechos humanos y lucha contra el terrorismo, Ben Saul, cuestionó en un informe reciente la falta de transparencia sobre el papel estadounidense en operaciones desarrolladas en Ecuador y otras naciones.

Saul también advirtió sobre posibles violaciones de derechos humanos relacionadas con algunas acciones militares y sostuvo que los acuerdos de cooperación no pueden excluir las obligaciones de investigar posibles abusos.

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