De acuerdo con el procurador general de la Nación, Luis Gómez, durante los primeros ocho meses del año fueron presentadas cuatro mil 599 denuncias por delitos sexuales, frente a cuatro mil 72 registradas en el mismo período del año pasado.

El funcionario precisó que dentro de las estadísticas, el grupo de mayor incidencia corresponde a adolescentes de entre 15 y 17 años, que representan el 42 por ciento de los casos que involucran a menores.

Gómez aclaró que el incremento de las denuncias no significa necesariamente un aumento equivalente en la ocurrencia de estos delitos, pues también puede reflejar una mayor disposición de las víctimas, sus familiares o personas de su entorno para comunicar los hechos a las autoridades.

A su juicio, el comportamiento puede estar relacionado además con una mayor confianza en las instituciones y en los mecanismos establecidos para recibir y atender las denuncias.

A juicio de la abogada Suky Yard, de la Fundación Vida Mujer, es preocupante el comportamiento de las denuncias y señaló la necesidad de fortalecer las acciones de prevención en comunidades y centros educativos.

La activista cuestionó la falta de programas preventivos coordinados entre las instituciones responsables de la protección de niños, niñas y adolescentes, particularmente para enfrentar situaciones de violencia sexual dentro y fuera del entorno familiar.

Las estadísticas del Ministerio Público indican además que entre enero y agosto se registraron 177 denuncias de violación doblemente agravada, tipificación aplicada cuando el delito es cometido por una persona del entorno familiar.

La problemática también está vinculada con otras consecuencias sociales, entre ellas los embarazos en adolescentes, algunos de los cuales son resultado de agresiones sexuales.

Un reciente informe de Unicef correspondiente a 2025 señaló que las niñas menores de 18 años constituyen la mayoría de los casos de violencia sexual reportados en Panamá y que más de 14 mil adolescentes son madres en el país.

La organización también situó la tasa de embarazo adolescente panameña por encima de la registrada en países como Costa Rica y Uruguay.

Ante este escenario, organizaciones dedicadas a la protección de la niñez reclaman fortalecer las políticas de prevención, atención psicológica y acompañamiento a las víctimas de violencia sexual.

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