La restricción de movilidad rige entre la medianoche y las 05:00 (hora local) en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, provincias de la costa ecuatoriana que concentran los principales focos de violencia del país.
El Bloque de Seguridad, integrado por las fuerzas de seguridad ecuatorianas, indicó que 559 de los detenidos fueron aprehendidos por incumplir la restricción de circulación.
Las autoridades precisaron que otros mil 430 están vinculados con delitos como extorsión, delincuencia organizada, tenencia y porte de armas y tráfico ilícito de sustancias.
De acuerdo con el balance oficial divulgado, los operativos permitieron decomisar 8,02 toneladas de droga, 326 armas de fuego, ocho mil 632 municiones y ocho explosivos.
También fueron incautados mil galones de combustible, 38 equipos de comunicación y 39 mil 199 dólares en efectivo, mientras que 803 vehículos y mil 481 motocicletas fueron retenidos o recuperados.
Las fuerzas de seguridad reportaron además la retención de una embarcación, la captura de dos personas incluidas entre los más buscados del país y nueve intervenciones contra infraestructuras utilizadas para logística criminal.
El toque de queda continuará hasta el 30 de septiembre, mientras el Gobierno mantiene el estado de excepción decretado el 15 de septiembre para las mencionadas provincias y otras cuatro más (Esmeraldas, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas y Pichincha).
Este es el tercer toque de queda decretado por el presidente Daniel Noboa durante 2026, después de medidas similares aplicadas en marzo y mayo.
En enero de 2024, ante una ola de violencia en calles y cárceles, Noboa decretó la existencia de un conflicto armado interno que dio paso a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna.
A pesar de esa y otras medidas, que incluyen más de 30 estados de excepción y despliegue de uniformados, persiste la expansión del crimen organizado y entre enero y julio de este año el número de homicidios llegó casi a cinco mil, según datos oficiales.
En ese contexto, organizaciones internacionales de derechos humanos presentaron un informe que alerta sobre el deterioro de las garantías democráticas y la criminalización de la sociedad civil en Ecuador en el contexto de la militarización de la seguridad.
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