El material, elaborado por Geledés-Instituto de la Mujer Negra, explica de manera didáctica los procedimientos necesarios para acceder a servicios y programas estatales, incluidos documentos requeridos y la utilización del Sistema Único de Salud Digital.
Según agencia Brasil, la publicación reúne información sobre políticas dirigidas a niños y adolescentes, personas mayores, discapacitados, y trabajadores del cuidado remunerado y no remunerado.
También contempla grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos madres solteras, familias en extrema pobreza, personas privadas de libertad, huérfanos de víctimas de feminicidio, pueblos indígenas y quilombolas (descendientes de personas esclavizadas) e inmigrantes.
A juicio del referido instituto, históricamente el trabajo de cuidado ha sido invisibilizado, agotador y desvalorizado, pese a su importancia para el sostenimiento de la vida y el bienestar social.
Millones de mujeres, en su mayoría negras y residentes en periferias, considera, realizan esas tareas sin contar con el respaldo económico e institucional correspondiente.
La coordinadora de Formación, Cuidado y Emancipación del Geledés, Nilza Iraci, destacó la necesidad de fortalecer políticas que reconozcan las realidades, conocimientos y demandas de las féminas negras.
Entre quienes ejercen el cuidado remunerado figuran trabajadoras domésticas, niñeras, cuidadores de personas mayores o encamadas, y educadores sociales.
La práctica no remunerada recae con frecuencia en madres, hijas, abuelas y dirigentes comunitarias que atienden a familiares y vecinos.
De acuerdo con la representante de ONU Mujeres en Brasil, Gallianne Palayret, las féminas del gigante sudamericano dedican casi 10 horas semanales más que los hombres al trabajo de cuidado.
“Son 10 horas que no sobran para estudiar, trabajar o participar en la vida pública. Por eso, la política de cuidado es también una política de democracia”, apuntó.
Brasil cuenta desde diciembre de 2024 con la Ley 15.069, que instituyó la Política Nacional de Cuidado y reconoce el derecho al cuidado y prevé acciones estatales para reducir desigualdades y sobrecargas familiares.
Esa norma incluye, entre otros objetivos, ampliar servicios como guarderías, atención domiciliaria y centros de día para personas mayores y con discapacidad, además de promover condiciones laborales dignas para quienes trabajan en el sector.
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