La Paz, 28 sep (Prensa Latina) En medio de crecientes tensiones ante la reciente subida del precio del petróleo por el Gobierno boliviano, diversos sectores amenazan con la realización de movilizaciones para que el Ejecutivo derogue el decreto llamado el “dieselazo”.

Al calor de la compleja situación que, según representantes de comerciantes y transportistas de carga de mercancías, eleva el precio de productos y fletes, la administración del mandatario Rodrigo Paz advierte que tales anuncios de paros pueden agravar aún más el actual panorama socioeconómico del país.

En los últimos días el gobierno dictaminó mediante una medida el incremento del precio del diésel, que pasó de 3,74 bolivianos por litro, bajo un esquema subvencionado de largo plazo, a 17,95 bolivianos por unidad, equivalente a unos 1,79 dólares.

Transportistas inconformes, a los que se suman sindicatos y sectores que abarcan a productores agrícolas, sostienen que el incremento “elevó de manera considerable sus costos de operación y reclaman medidas para enfrentar el impacto”, según un reporte del Diario El Deber.

Las autoridades alegan, en ese sentido, que la disposición permitirá el ahorro de millonarios fondos, los cuales presuntamente podrán emplearse en la construcción de carreteras, escuelas y hospitales, entre otras infraestructuras de beneficio social.

Sin embargo, algunos representantes de organizaciones sociales alegan que la medida es parte de un esquema de aplicación de políticas neoliberales por parte del Ejecutivo, que incluye anular la subvención del combustible ante condicionamientos para préstamos por el Fondo Monetario Internacional.

El organismo crediticio foráneo, el cual fue acusado de imponer condiciones leoninas a países como condición de sus préstamos, otorgó a Bolivia un crédito ascendente a unos mil 900 millones de dólares, los cuales serán entregados por plazos previamente fijados.

Así las cosas y en medio de un panorama enrarecido, medios de prensa reportaron que Santa Cruz de la Sierra, la ciudad boliviana más poblada, amaneció este lunes sin micros de transporte urbano, cuyos choferes acataron un paro de 24 horas como medida de presión en rechazo al retiro de la subvención del diésel.

“La paralización afecta a miles de ciudadanos que comenzaron la semana buscando alternativas para llegar a sus fuentes de trabajo, centros educativos y otras actividades”, reseña el portal digital El Deber.

También, el canal televisivo RTP difundió en esta jornada que planificadores alertaron por el alza de los precios de la harina y el gas, lo cual afecta a la población boliviana en general.

El incremento de la tarifa del combustible, también impacta al sector de la construcción, ramo en el que los costos de las obras subieron entre el 50 y 60 por ciento en el último año debido al elevado precio de los materiales, estiman analistas.

Con el amargo recuerdo de las prolongadas masivas movilizaciones sociales, que abarcaron más de 50 días en mayo y junio últimos e incluyeron paros y cortes de carreteras, las autoridades locales se empeñan en disuadir a quienes intentan manifestarse a que entablen un diálogo constructivo.

Ello, consideran operadores oficiales, persigue evitar mayores afectaciones económicas en el camino de estabilizar en el referido campo a este territorio del centro de Sudamérica, con una población de más de 11 millones 365 mil habitantes, precisaron estadísticas de un ente gubernamental.

De acuerdo con varias fuentes, esas movilizaciones se convocaron de forma inicial por la Central Obrera Boliviana y otros sectores sindicales y campesinos bajo el paragua de responder a demandas como la necesidad de un aumento salarial del 20 por ciento y mejoras en el abasto de combustible.

Los amagos de protestas sociales se dan en un contexto en que está vigente en Bolivia un nuevo estado de excepción, vigente durante otros tres meses desde el 20 de septiembre pasado, y en el que se prohíben los bloqueos, ya que, según el Gobierno, éstos pueden poner en peligro el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos.

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