El senador Alenjandro Ocampo, mediante una serie de pronunciamientos en su cuenta de la red social X, fue uno de los que repudió la medida.

“Con el FMI no se dialoga: se acatan condiciones que suelen golpear derechos sociales. El presupuesto inflado refuerza el mensaje de crisis y prepara el terreno para un ajuste fuerte. Como en 1999-2002, puede traer recortes, reformas estructurales y presión sobre transferencias a regiones”, opinó el legislador.

En otro comentario expuso que los programas del referido fondo los “diseña Washington y lo pagan, en la práctica, los que menos capacidad de voz tienen, es decir los más pobres, los trabajadores y los campesinos”.

Remarcó además que pedirle prestado al FMI podría acarrear para Colombia el aumento de la edad de jubilación, la rebaja de los salarios, así como la eventual entrega de la economía y recursos minerales a Estados Unidos.

La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal denunció por su parte que los planes de ajuste estructural y de privatizaciones que el FMI impone como condición para los préstamos tienen efectos negativos probados en el deterioro de la capacidad estatal, la desigualdad económica, el gasto social y los ingresos de los sectores populares.

“Ni siquiera hay evidencia de que contribuyan a reducir la deuda con respecto al Producto Interno Bruto, ni a aumentar la inversión productiva por parte del sector privado”, sentenció igualmente en su cuenta de X.

El Gobierno de Colombia comenzará próximamente negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, según informó ayer De la Espriella.

En una alocución trasmitida en cadena nacional, el gobernante comunicó que dio instrucciones al ministro de Hacienda, y a todo el equipo económico, para que procedan a conversar con el referido organismo multilateral.

Según alegó, el objetivo de las pláticas será “encontrar una salida negociada a la situación fiscal que enfrenta el país”.

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