La Ley 15.526, publicada este miércoles en el Diario Oficial de la Unión, consolida el seguro rural como instrumento de la política agrícola y actualiza las normas relacionadas con la contratación, regulación de siniestros y pago de indemnizaciones.

Como principales modificaciones figura la obligación de que los contratos informen de manera clara los documentos requeridos para analizar los desastres y establecer plazos con el fin de concluir los procedimientos.

En los casos que no requieran inspección presencial, la regulación del siniestro deberá realizarse en un plazo máximo de 15 días después del aviso presentado por el productor.

Según la nueva norma, el pago de las indemnizaciones tendrá un límite de 30 días tras la entrega de los documentos exigidos o de la realización de la inspección técnica correspondiente.

Otro cambio vincula el seguro rural con las operaciones de crédito destinadas al sector agropecuario.

Las instituciones financieras podrán exigir cláusulas que permitan ceder los derechos de las pólizas como garantía de los préstamos.

Dicha legislación también amplía los incentivos para las operaciones de crédito rural respaldadas por seguros.

Entre ellos contempla condiciones más favorables de financiamiento, prioridad para obtener crédito y acceso preferencial a mecanismos de prórroga o renegociación de deudas.

Además, la ley establece como obligatorios los gastos de la Unión destinados a la subvención económica de las primas del seguro rural, siempre dentro de los límites establecidos por el presupuesto federal.

Los productores que pretendan acceder a esa subvención deberán proporcionar información sobre sus actividades agropecuarias, de acuerdo con los formatos que posteriormente determinará el Poder Ejecutivo.

En materia de transparencia, la legislación prevé la creación de bases de datos públicas en Internet con información sobre las operaciones de seguro rural y la divulgación de un manual con las reglas aplicables a la subvención de las primas.

Agencia Brasil recordó que el seguro rural constituye un mecanismo de protección frente a riesgos que pueden afectar la actividad agropecuaria, como fenómenos climáticos y otros eventos capaces de provocar pérdidas en las explotaciones productivas.

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