Durante una audiencia en Edmonton, el primer ministro Mark Carney consideró que su gobierno aún les debe “acciones” a los sobrevivientes.

Según expresó, fue hasta allí para escuchar sus historias, reflexionar sobre un capítulo oscuro en la historia del país y para encontrar la manera de avanzar juntos, porque, aunque se han logrado “algunos avances”, “la labor de reconciliación está lejos de haber terminado”.

“Las heridas aún son demasiado profundas. Las brechas aún son demasiado grandes. La reconciliación es un camino, no un destino. Es una actitud, no un logro”, sentenció en esta jornada que tuvo lugar sexta ocasión.

El primer ministro dedicó su discurso a los niños indígenas y a sus familiares presentes.

“Este no es un capítulo lejano en la historia de Canadá, sino una verdad que perdura, y la verdad es el fundamento de la justicia”, añadió.

Por su parte, la gobernadora general, Louise Arbour, fue testigo del izado de la Bandera de los Sobrevivientes en la Colina del Parlamento en Ottawa, donde afirmó que afrontar un pasado trágico es un requisito indispensable para que los canadienses puedan construir un mejor país.

El sistema de escuelas residenciales para niños indígenas en Canadá fue construido sobre la base de políticas de asimilación diseñadas para separar a los niños de sus idiomas, culturas, identidades y formas de vida.

Esos centros funcionaron desde 1857 hasta 1996 y unos 150.000 niños indígenas fueron forzados a abandonar a sus familias para asistir a instituciones administradas por el gobierno o la iglesia.

El exhaustivo estudio que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) presentó en 2015 reveló el impacto devastador de esas instituciones, sobre todo porque generaron un profundo trauma y daño intergeneracional.

Las escuelas se caracterizaron por abusos y negligencia generalizados, y causaron la muerte de hasta 6. 000 niños, principalmente por desnutrición o enfermedades.

En esta jornada, Mark Carney reconoció que los 94 llamamientos a la acción de la CVR siguen siendo una hoja de ruta.

De acuerdo con sus declaraciones de este 30 septiembre, en colaboración con las Primeras Naciones, los inuit y los métis, el actual Gobierno trabaja para subsanar las deficiencias históricas en la atención médica y la educación, proteger las lenguas y culturas indígenas y promover el acceso a agua potable segura y la infraestructura en las comunidades de las Primeras Naciones.

“Estamos impulsando los llamamientos a la justicia para las mujeres, niñas y personas 2SLGBTQI+ indígenas desaparecidas y asesinadas, e implementando la Ley de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, manifestó Carney.

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