El mandatario comunicó la decisión este miércoles en su cuenta en la red social X y señaló que conoce lo que representa este ingreso para las familias.
“No es una decisión fácil, pero sé lo que significa para miles de hogares ecuatorianos”, afirmó Noboa, que también invitó al sector privado a sumarse al anticipo.
En Ecuador, el décimo tercer sueldo corresponde a la doceava parte de las remuneraciones percibidas por los trabajadores formales entre el 1 de diciembre del año anterior y el 30 de noviembre del calendario en curso.
Los empleados pueden recibirlo mensualmente o solicitar su acumulación para cobrarlo en diciembre.
El recién designado ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Bernardo Cordovez, respaldó la decisión.
“Acompañamos las decisiones que ponen a las familias en el centro y que, al mismo tiempo, contribuyen a dinamizar la economía del país”, escribió Cordovez en redes sociales.
Tal tipo de decisiones de adelanto salarial no es nueva durante el Gobierno de Noboa.
Asimismo, en 2025, el gobernante dispuso que los trabajadores públicos recibieran el décimo tercer sueldo el 14 de noviembre, días antes de un proceso electoral, en ese caso fue una consulta popular y referendo, en el que finalmente los ciudadanos rechazaron las cuatro propuestas de Noboa.
El anuncio de este año afloró cuando falta poco para iniciar la campaña para las elecciones seccionales del 29 de noviembre, prevista entre el 12 y 26 de noviembre.
La proximidad entre el pago y los comicios para elegir autoridades locales generó cuestionamientos en redes sociales, en eel que algunos usuarios acusaron al Gobierno de utilizar una prestación laboral con fines electorales.
“Pura demagogia. Cuando el país tiene problemas reales que resolver, aparecen con anuncios diseñados para parecer populares. Porque, claro, resolver los problemas de fondo puede esperar; lo urgente es parecer populares”, escribió en X un internauta identificado como Emanuel Andrés Zambrano Uriña.
Los ecuatorianos irán el 29 de noviembre a las urnas a elegir prefectos, alcaldes, concejales, vocales de juntas parroquiales y a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
El proceso previo a esos sufragios se desarrolla en medio de cuestionamientos por decisiones que afectaron la participación de organizaciones y candidatos de oposición.
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