Al intervenir en el 63 período ordinario de sesiones del Consejo, Dabo recordó que, cinco años después del asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un policía en Minneapolis, Estados Unidos, continúa preocupando que líderes influyentes alimenten un racismo manifiesto, mientras se debilitan o desmantelan instituciones, leyes y marcos normativos.

Están aumentando los delitos de odio, las restricciones al espacio cívico, la represión y la criminalización de la disidencia. Nuestro informe más reciente presenta un panorama inquietante y proporciona ejemplos del impacto de ese fenómeno en todos los ámbitos, incluida la segregación y el acceso desigual a la vivienda, la educación, el empleo, la atención sanitaria, la tierra, la seguridad social y la justicia, afirmó.

Las mujeres y los niños de ascendencia africana se enfrentan a desafíos específicos, mientras que los refugiados y migrantes de ese origen, las personas lesbianas, gais, bisexuales, intersexuales, queer y otras, así como las que tienen una discapacidad, sufren formas de discriminación múltiples y superpuestas, añadió.

Advirtió que los movimientos racistas y supremacistas se están convirtiendo en la corriente dominante y algunos intentan «distorsionar cínicamente los hechos históricos y las dinámicas de poder arraigadas desde hace mucho tiempo».

Dabo recordó que todo ello influye en la actuación de las fuerzas del orden y la justicia penal y denunció el encarcelamiento injustificado y el uso desproporcionado de la fuerza contra ciudadanos de ascendencia africana.

Las disparidades se ven agravadas cuando los representantes armados del Estado- los agentes de policía, las fuerzas del orden y el personal de inmigración- se sienten legitimados por los discursos de odio de los líderes, apuntó.

Ante ese escenario abogó por un cambio de paradigma hacia la inversión política y financiera en la justicia racial y la igualdad mediante medidas concretas.

Esas acciones deben incluir planes de acción y estrategias nacionales integrales; la recopilación y el uso de datos desglosados; una representación y participación significativas de los afrodescendientes en la vida pública; el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas; y la aplicación de una justicia reparadora para las víctimas de la esclavitud y el colonialismo, señaló.

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