El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM Panamá) señaló que el pronunciamiento de la Comisión Interinstitucional confirma que la ruta planteada contempla una posible puesta en marcha de la actividad para generar los recursos destinados al cierre de la instalación.

Los ambientalistas cuestionaron que no se haya definido cuándo, durante cuánto tiempo y bajo qué modalidad podría ocurrir esa eventual reactivación.

CIAM también expresó preocupación por la compatibilidad de esa alternativa con los fallos de la Corte Suprema de Justicia y la Ley de Moratoria Minera.

Según la organización, el informe no explica cómo podría reactivarse el proyecto sin contradecir las razones que llevaron al máximo tribunal a declarar inconstitucional la Ley 406.

Entre los aspectos señalados figuran la ausencia de una licitación pública, la falta de un Estudio de Impacto Ambiental actualizado y la consideración, a juicio de los ambientalistas, insuficiente de los derechos humanos de las comunidades cercanas.

La organización sostuvo que, frente a esas contradicciones, el documento se limita a recomendar una consulta a los procuradores.

La Comisión Interministerial, integrada por los ministros Julio Moltó(Comercio e Industrias), Juan Carlos Navarro (Ambiente) y Felipe Chapman (Economía y Finanzas) , recomendó avanzar hacia un cierre ordenado, programado y autofinanciado de la mina.

El proceso podría extenderse durante décadas, debido a la magnitud de las instalaciones y a la necesidad de garantizar el manejo de relaves, lixiviados, aguas de contacto y otras tareas ambientales.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, aclaró que el informe no constituye una decisión sobre el futuro del proyecto, sino un estudio y una recomendación que deberá analizar antes de determinar el camino a seguir.

El mandatario explicó que el fallo de la Corte Suprema cerró el contrato con Minera Panamá, pero no resolvió qué hacer con la infraestructura existente en el sitio.

Entre los criterios establecidos por el Ejecutivo figuran el acatamiento del fallo judicial, la rectoría del Estado sobre los recursos, cero costo fiscal, transparencia verificable, prioridad para comunidades y trabajadores afectados y supervisión independiente.

Por su parte, Chapman insistió en que cualquier solución deberá evitar costos para el Estado y sostuvo que estos deben ser asumidos por la propia operación minera.

Mientras Navarro planteó un plan de cierre con un fondo específico, prioridad para los aspectos ambientales, una fecha definitiva de clausura y una evaluación científica y técnica.

También propuso crear un fideicomiso ambiental para financiar acciones de protección de la biodiversidad, reforestación y pago por servicios ambientales, entre otras iniciativas.

La Comisión recomendó además autorizar negociaciones formales con Cobre Panamá y la trasnacional canadiense First Quantum Minerals (FQM) para evaluar un nuevo acuerdo que permita resolver los arbitrajes internacionales pendientes y establecer las condiciones de una eventual puesta en marcha bajo un esquema de cierre autofinanciado.

La propuesta contempla que los yacimientos minerales permanezcan bajo titularidad de la Nación y que el régimen de los activos de superficie y la participación estatal sean definidos en los nuevos acuerdos.

Entretanto, FQM manifestó su disposición a participar en un proceso liderado por el Gobierno panameño y señaló que cualquier nuevo acuerdo deberá respetar la soberanía del país y sus instituciones.

mem/ga