La víspera, la primera ministra, Giorgia Meloni, anunció que solicitará a la jefatura de la Comisión Europea una mayor flexibilidad en las reglas fiscales comunitarias para afrontar el impacto de la inflación y el encarecimiento de la energía.
Durante un videomensaje transmitido en la segunda edición de Oltre le Radici, evento anual organizado por el diario italiano Il Gazzettino en Venecia, la jefa del Gobierno señaló que Italia ya planteó el asunto en el ámbito del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin).
Meloni precisó que prepara una carta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para solicitar que el tema sea incluido en la agenda de la próxima reunión del Ecofin y posteriormente del Consejo Europeo, previsto dentro de dos semanas.
El ministro de Economía Giancarlo Giorgetti manifestó antes que Roma pretende discutir con Bruselas una interpretación de las reglas que permita utilizar la denominada cláusula nacional de escape, vinculada a gastos adicionales en defensa y seguridad energética, aun dentro del actual marco de vigilancia fiscal, publicó RaiNews.
Según lo establecido por la Comisión Europea, esa cláusula puede proporcionar una flexibilidad equivalente hasta al 1,5 por ciento del PIB para determinadas inversiones de defensa hasta 2028.
En el caso de las medidas relacionadas con la seguridad y resiliencia energética, Italia solicitó en septiembre activar esta posibilidad por un monto que podría alcanzar el 0,6 por ciento durante ese período.
Sin embargo, la entidad europea explicó que para abandonar el procedimiento por déficit excesivo este año habría sido necesario que el italiano de 2025 estuviera por debajo del tres por ciento, además de prever un cumplimiento de ese límite en 2026 y 2027.
El Gobierno mantiene el objetivo de situar el de 2026 por debajo de tres por ciento, con una meta cercana a 2,9 por ciento, mientras el plan para 2027 es de 2,8 por ciento del PIB, advirtieron medios locales.
La discusión adquiere especial relevancia ante la preparación de la Ley de Presupuesto para 2027, cuya presentación está prevista para octubre próximo. El Ejecutivo busca conciliar las restricciones europeas con recursos destinados a aliviar los costos energéticos, sostener determinadas políticas fiscales y atender las prioridades de gasto.
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