Según apuntó el análisis del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) Firmantes de paz, hasta el 31 de agosto, se reportan asimismo más de 500 afectados por desplazamiento forzado y mil 939 investigaciones por amenazas para quienes dejaron las armas.
Remarcó además la fuente que solo en agosto último se registraron cinco asesinatos de firmantes, igual que los cinco reportados en todo el primer semestre del año.
El primer mes del gobierno de Abelardo de la Espriella (7 de agosto al 7 de septiembre de 2026) hubo seis homicidios, reveló.
El informe detalló que durante el mandato de Iván Duque (2018-2022) se notificó el mayor número (278) y la mayor tasa mensual (5,79 homicidios/mes) de todo el periodo analizado.
La fuente especificó igualmente que el 97,7 por ciento de las víctimas son hombres (501) y el 2,3 por ciento mujeres (12).
Putumayo, Cauca, Caquetá, Huila, Norte de Santander, Valle del Cauca y Nariño concentran los mayores hechos de violencia contra la población firmante.
De acuerdo con Consejo Nacional de Reincorporación y la Corporación Consejo Nacional de Reincorporación para el Buen Vivir, la Misión de Verificación de la ONU y la Defensoría del Pueblo las afectaciones están directamente vinculadas a las dinámicas territoriales del conflicto: disputas entre estructuras armadas por el control de corredores estratégicos y economías ilícitas, así como amenazas y restricciones a la movilidad.
La Región Suroccidente (Cauca, Nariño, Valle del Cauca) concentra el 34,1 por ciento de los homicidios del periodo y se consolida como el territorio de mayor riesgo.
Debido a la situación, el informe emitió una serie de recomendaciones para prevenir los eventos de violencia.
Entre ellas, pidió al Gobierno Nacional y a la Unidad Nacional de Protección fortalecer la capacidad preventiva del Estado, e incorporar en el próximo Plan Nacional de Desarrollo un capítulo exclusivo sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz, organizado a partir de los ejes estratégicos del Plan Marco de Implementación.
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