Hubieres, presidente de la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano) y del Movimiento Rebelde (MR), rechazó las críticas contra Mercedes Medina, dirigidas por sectores de opinión que justifican la muerte de jóvenes en conflicto con la ley.

Afirmó que apoya «100 por ciento» la labor de Mercedes Medina en defensa de los derechos democráticos y del Estado social de derecho consagrado en la Constitución.

El exdiputado sostuvo que los gobiernos no están facultados para cometer crímenes, sino para hacer cumplir las leyes ante quienes las infringen.

Recalcó que la mayoría de los jóvenes fallecidos en acciones policiales son víctimas de ejecuciones y no de intercambios de disparos.

En ese sentido, respaldó la posición de Mercedes Medina de que las personas que delinquen, sin importar su condición social, deben ser sometidas a los tribunales y, de resultar culpables, recibir las sanciones correspondientes, en lugar de ser asesinadas.

Hubieres rechazó que una política de seguridad ciudadana pueda justificar el deceso de personas en conflicto con la ley y señaló que corresponde a los tribunales juzgar y condenar a quienes cometan delitos.

Afirmó que la Policía Nacional solo debe perseguir, detener y someter a la Justicia a quienes transgredan las leyes y afecten la convivencia social.

Recordó que la Constitución dominicana no contempla la pena de muerte, incluso para quienes hayan cometido homicidio.

Asimismo, atribuyó la persistencia de la inseguridad ciudadana al fracaso del Estado y del actual Gobierno para enfrentar sus causas, entre ellas la falta de empleos dignos y una mejor distribución de las riquezas generadas en el país.

El dirigente del Movimiento Rebelde cuestionó finalmente la postura del presidente Luis Abinader frente a la delincuencia y su advertencia a los infractores para que se entreguen a la Policía «para que no les vaya peor».

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó recientemente que prepara una acción ante organismos internacionales para denunciar las muertes ocurridas durante intervenciones de agentes de la Policía Nacional.

El pronunciamiento se produce en medio del debate sobre las circunstancias en que han fallecido decenas de ciudadanos durante operativos policiales.

Según medios de prensa, alrededor de 50 personas perdieron la vida en septiembre en hechos calificados por las autoridades como intercambios de disparos con agentes.

La CNDH-RD sostiene que algunos de esos casos deben ser sometidos a investigaciones independientes para determinar las circunstancias de los hechos y establecer si las versiones oficiales se corresponden con lo ocurrido.

La Policía Nacional, por su parte, afirma que sus uniformados recurren a las armas cuando son objeto de agresiones durante los operativos y rechaza que los denominados intercambios de disparos formen parte de una política destinada a provocar muertes.

jcm/mpv