El proceso comenzó con las boletas para elegir alcaldes y prefectos de Galápagos y continuará con las provincias de Santa Elena, Zamora Chinchipe y Carchi, antes de extenderse progresivamente al resto de los territorios.

Todas cuentan con mecanismos de seguridad destinados a dificultar su falsificación, alteración, duplicación o sustitución, entre ellos efectos anticopia, microtextos, códigos de barras y tintas especiales.

Un total de 13,8 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas para elegir prefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, vocales de juntas parroquiales y siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

El organismo electoral prevé imprimir un total de 84 millones 756 mil 938 papeletas para la jornada, aunque aún no están en firme todas las candidaturas.

De los 53 mil aspirantes que se presentaron en representación de las diferentes organizaciones políticas autorizadas, más de 48 mil ya fueron aprobados.

El 9 de noviembre, pocos días antes del inicio oficial de la campaña electoral, se divulgarán las listas de todos los candidatos, de acuerdo con el CNE. El proceso electoral se desarrolla en medio de cuestionamientos de sectores opositores por decisiones que limitan la participación de algunas organizaciones políticas y candidatos.

La Revolución Ciudadana (RC), principal fuerza de oposición, fue suspendida temporalmente por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), situación que obligó a sus dirigentes a buscar alianzas con otras organizaciones para presentar candidaturas, aunque no todos lograron inscribirse.

La excandidata presidencial Luisa González, de la RC, que buscaría la pefectura de Manabí por el movimiento indígena Pachakutik fue impedida de postularse tras deciones del CNE y el TCE. En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó al Estado ecuatoriano a garantizar una participación política plural e igualitaria, además del debido proceso y la certeza jurídica.

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