El proyecto de ley 705, presentado por el Órgano Ejecutivo, modifica el Texto Único de la Ley 6 de 1997, que regula la prestación del servicio eléctrico.
La iniciativa llega a la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos tras tres jornadas de consultas y la revisión de más de 115 propuestas formuladas por usuarios, empresas generadoras y distribuidoras, instituciones públicas y otros actores.
Entre los principales reclamos figuran las interrupciones del servicio, fluctuaciones de voltaje y daños ocasionados a equipos y electrodomésticos.
El proyecto plantea fortalecer los derechos de los consumidores mediante cambios en los procedimientos para presentar y responder reclamaciones, así como mecanismos de compensación cuando las distribuidoras incumplan los parámetros de calidad.
También propone que las multas impuestas a las empresas tengan un efecto directo en favor de los usuarios afectados.
El presidente de la Comisión de Comercio, diputado Jamis Acosta, afirmó que los aportes recibidos permitirán contar con un proyecto más robusto y atender preocupaciones relacionadas con tarifas, servicio y atención al cliente.
La reforma contempla además medidas para fortalecer la supervisión del sector y mejorar la transparencia de la información proporcionada a los consumidores.
Otro de sus componentes está relacionado con la electrificación rural, al establecer una mayor participación de las empresas distribuidoras en las labores de la Oficina de Electrificación Rural para ampliar la cobertura hacia comunidades de difícil acceso.
El debate adquiere especial importancia de cara a 2028, cuando deberá avanzarse en la renovación de las concesiones de distribución eléctrica.
Según el Ejecutivo, las modificaciones buscan establecer mejores condiciones de competencia y nuevas exigencias sobre calidad y continuidad del servicio para los próximos años.
El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, presentó la propuesta ante la Asamblea en septiembre, después de su aprobación por el Consejo de Gabinete el pasado 16 de junio.
Concluida la fase de consultas, corresponde ahora a los diputados decidir qué propuestas serán incorporadas al texto antes de su eventual envío al pleno legislativo para segundo debate.
La discusión tendrá como eje central la protección de los consumidores y la necesidad de garantizar un servicio eléctrico más estable, eficiente y con mayores mecanismos de respuesta ante los reclamos.
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