“A me parece que es bien irresponsable decirle al Tribunal Supremo de Puerto Rico si anula el contrato con el gobierno no le va a poder pagar a los proveedores, cuando el dinero de la tarifa es para (ese propósito). Si esto ocurre, pues hay que gastar 143 millones de dólares en honorarios”, estableció Emmanuelli.

Precisó que los ejecutivos de LUMA Energy están sumando todas las partidas operacionales de ese año y están diciendo esto es culpa de anular el contrato y no, eso es una falsedad; es para meter miedo.

En ese sentido, el experimentado letrado igualmente repudió el poder otorgado por el gobierno puertorriqueño a empresas como New Fortress mediante contratos millonarios

Entrevistado en la emisora Radio Isla, Emmanuelli igualmente cuestionó las advertencias de LUMA Energy sobre el costo de una eventual anulación de su contrato y las calificó de “irresponsables”.

“Ellos están sumando todas las partidas operacionales de ese año y están diciendo: ‘esto es culpa de anular el contrato’. Y no es así; eso es una falsedad, y lo hacen para meter miedo”, subrayó.

El consorcio LUMA Energy calcula en mil 300 millones de dólares el costo de su salida de Puerto Rico, donde llegó hace siete años impuesta por Estados Unidos para que se hiciera cargo de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica, cuya disolución se impulsa con la legislación Promesa, ante la bancarrota pública.

Con relación a New Fortress, empresa estadounidense para el suplido de gas a la privatizadora GeneraPR que consideró se comporta “como gángster”, luego que el gobierno de Puerto Rico, que en la actualidad encabeza Jenniffer González, le confiriera enormes privilegios económicos y de usufructo de la bahía de San Juan.

Emmanuelli criticó el poder que, según dijo, el gobierno ha otorgado a ciertas empresas, como New Fortress, mediante contratos millonarios y los calificó de comportarse como gángster.

“Desafortunadamente los gobiernos aquí viven de esas relaciones que crean con estas empresas a las que otorgan contratos millonarios y leoninos que son contrarios a los intereses del pueblo de Puerto Rico y permiten que con esos poderes que le dan en los contratos ellos puedan asumir actitudes de gánster”, ratificó.

El letrado insistió que con ese proceder “saben que el privilegiar y beneficiar exclusivamente los intereses de ellos perjudican al resto del país”.

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