Mediante un comunicado, el gremio de 14 asociaciones y cerca de 126 mil 500 productores de los 22 departamentos del país subrayó que respeta la manifestación pacífica, pero esta no puede ejercerse vulnerando otros derechos.
La ley y las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) deben cumplirse en todo momento, acotó.
Remarcó que sus exigencias van dirigidas al Ministerio Público, la Presidencia, el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil, a quienes pidió despejar las vías, investigar y presentar ante la justicia a quienes bloqueen calles y carreteras.
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial informó presencia de manifestantes en la Ruta CA-02 Occidente, kilómetro 264 Catarina, departamento de San Marcos (a esta hora ya habilitado).
Además, en la Ruta CA-1 Occidente, kilómetro 29,7, San Lucas Sacatepéquez y en la Ruta CA-9 Norte, kilómetro 126, Santa Cruz, Río Hondo, Zacapa.
Estos grupos de veteranos y exmilitares en Guatemala protestan desde hace tiempo principalmente para exigir pagos adeudados por parte del Gobierno.
Grupos de veteranos y exmilitares volvieron días atrás ante la sede del Congreso en busca de que se aprueben las iniciativas 6565 y 6623, que reforman la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado y de Discapacitados en el Orden Militar.
En agosto pasado el Legislativo aprobó una ampliación de la Ley de Desarrollo Integral, que hasta entonces era la principal solicitud de los veteranos militares.
Con la aprobación del decreto, se amplió por 36 meses la posibilidad de que el Ministerio de Desarrollo Social pague 36 mil quetzales (casi cinco mil dólares) a los excombatientes inscritos en el programa.
La Ley de Régimen Especial, conocida por el pleno el 7 de octubre del 2025, propone mejorar los ingresos económicos de viudas, huérfanos y discapacitados que prestaron servicio militar durante el conflicto armado (1960-1996).
La CC de Guatemala ordenó al Gobierno el mes pasado garantizar la libre circulación y despejar los bloqueos de carreteras generados en protesta por el aumento en el precio de los combustibles.
El Ministerio de Gobernación actuó con fuerzas antimotines en cuestión de horas, con lo cual acató la resolución.
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