La iniciativa, aprobada con 83 votos, fue respaldada por la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados, mientras los legisladores de la Revolución Ciudadana (RC) votaron en contra.

El proyecto actualiza el Código Tributario, vigente desde 1975, y establece nuevas reglas para las notificaciones de actos administrativos, la presentación de reclamos, la devolución de pagos indebidos, los procesos de cobro de deudas y los recursos de revisión.

La presidenta de la Comisión de Régimen Económico y ponente del proyecto, Nathaly Farinango, sostuvo que la reforma no modifica los elementos esenciales de los impuestos y se concentra en garantías procesales, eficiencia y protección de los derechos de los contribuyentes.

No obstante, la asambleísta de la RC Mónica Alemán cuestionó algunas disposiciones y advirtió sobre posibles beneficios para grandes corporaciones.

Calificó de «realmente preocupantes» los cambios sobre el recurso de revisión y advirtió que la reforma podría favorecer a empresas vinculadas a la familia del presidente Daniel Noboa.

Según explicó Alemán, las personas que hayan ocultado activos en el exterior pasen de pagar entre el dos y el 10 por ciento de esos valores de manera mensual a pagar el 0,5 por ciento por una sola vez, y subrayó que este cambio favorece a las grandes corporaciones.

La legisladora también alertó sobre la posibilidad de que el Ejecutivo determine mediante reglamento qué bienes y servicios del sector energético tendrán cero Impuesto al Valor Agregado, una facultad que podría trasladar a los ciudadanos el costo de la crisis eléctrica.

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