La magistrada suspendió la tramitación de la causa y elevó la consulta tras la presentación de una acción por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) contra el Ministerio del Interior y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad.
El CDH presentó la acción de protección el 28 de agosto debido a la incomunicación entre los presos de El Encuentro, centro penitenciario ubicado en la provincia de Santa Elena, y sus parientes, una situación que persiste desde diciembre de 2025.
La organización explicó que, durante varios meses, la restricción se aplicó sin una norma que estableciera expresamente la prohibición de visitas presenciales o virtuales en esa prisión y fue el pasado 12 de septiembre que el Ministerio del Interior expidió el reglamento.
La normativa establece que las personas sometidas al denominado régimen penitenciario especial, que incluye a presos clasificados como de alto riesgo, no tendrán acceso a visitas presenciales ni virtuales, solamente cuando exista una circunstancia grave, extraordinaria, estrictamente necesaria y debidamente acreditada.
Para el colectivo, la expedición de la norma no subsana las presuntas vulneraciones ocurridas antes de su entrada en vigor y plantea una nueva cuestión sobre la posibilidad de que una norma reglamentaria restrinja de manera general el contacto entre los reos y sus familias.
“El CDH hace un llamado a la Corte Constitucional del Ecuador para que, una vez recibida la consulta, la tramite con la urgencia que exige la situación de las personas privadas de libertad y sus familias, considerando que la restricción cuestionada continúa produciendo efectos”, afirmó la organización.
La cárcel El Encuentro, ubicada en la provincia costera de Santa Elena, comenzó a funcionar en noviembre de 2025 y forma parte del sistema penitenciario de máxima seguridad de Ecuador.
El ministro del Interior, Jonh Reimberg, ha declarado que esa cárcel no es un hotel y justificó la medidas extremas contra los internos, considerados de alta peligrosidad, aunque también se encuentran políticos como el exvicepresidente Jorge Glas y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.
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