Dicha disposición denominada Ley de Libre Transitabilidad, que pasará ahora para su examen al pleno de la propia Cámara Baja parlamentaria, de ser refrendada por ese órgano deberá ser confirmada mediante un decreto Supremo, indicaron las fuentes.

El presidente de dicha Comisión, diputado Manuel Rojas, manifestó que la disposición establece una sanción de tres hasta 10 años de privación de libertad para las personas que bloqueen y “crea una figura de penalización para los gobernantes”.

En este caso, sostuvo, el proyecto también contempla penalizaciones para los funcionarios que teniendo competencia sobre un conflicto no adopten las acciones correspondientes en relación con los bloqueos.

La posible futura legislación, ahora en análisis, que crea el delito de obstrucción grave a las rutas públicas, no interfiere con el derecho a la protesta pacífica, la cual, en su opinión, no debe interferir los derechos de terceros, sostuvo Rojas.

El proyecto de ley sobre bloqueo de rutas se debate luego de que en mayo y junio últimos 53 días de movilizaciones masivas y bloqueos de carreteras provocaron el aislamiento de importantes ciudades como La Paz y El Alto, lo cual causó, según las autoridades, escasez severa de alimentos, medicamentos y combustible.

mem/obf