La medida forma parte del artículo 22 del proyecto de ley denominado «Contrarrestando la Influencia Extranjera», aprobado mediante votación electrónica con 174 votos a favor.
Según el texto aprobado, los ciudadanos iraníes no podrán conceder entrevistas a medios de comunicación identificados públicamente por el Ministerio de Inteligencia como hostiles, ni a personas que difundan contenidos en redes sociales y sean incluidas en esa misma categoría.
Los funcionarios del Estado quedan excluidos de la aplicación de esta disposición.
La legislación contempla sanciones para quienes incumplan la prohibición, entre ellas penas de prisión, azotes o restricciones temporales de determinados derechos sociales, de acuerdo con la normativa penal iraní citada en los reportes sobre la votación.
La aprobación de la medida ocurre en un contexto de tensiones entre Irán y Estados Unidos e Israel y de restricciones oficiales relacionadas con la actividad de medios y la difusión de información.
El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel iniciaron una ofensiva militar contra Irán, a la que Teherán respondió con ataques contra objetivos israelíes y estadounidenses en la región. Posteriormente se alcanzó un alto el fuego en abril, según los reportes citados.
Más tarde, Estados Unidos realizó nuevos ataques contra objetivos en territorio iraní, mientras las negociaciones entre Washington y Teherán permanecieron estancadas pese a la firma de un memorando de entendimiento a mediados de junio.
Las conversaciones se vieron afectadas por desacuerdos en torno a la navegación por el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de energía y materias primas.
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