Martin advirtió sobre métodos que, a su juicio, recuerdan a los voltigeurs (jardineros) y al caso de Malik Oussekine, un argelino de 22 años, muerto por una acción policial en una protesta en 1986.

La diputada sostuvo que las demandas de los estudiantes —más profesores, mejores centros y el fin de la selección social— requieren una respuesta política y de diálogo, no porras ni granadas, acotó.

En la misma línea crítica, el diputado socialista Roger Vicot cuestionó la proporcionalidad de determinadas actuaciones policiales y reclamó una revisión de la doctrina francesa de mantenimiento del orden.

Citó imágenes y declaraciones de agentes que, según afirmó, fueron verificadas, y defendió una mayor formación en desescalada y negociación, así como una protección específica de los menores y mecanismos independientes de control sobre la actuación policial.

Frente a estas críticas, Nuñez aseguró que las fuerzas de seguridad no intervienen contra manifestaciones pacíficas, pero deben hacerlo cuando existen violencia, incendios o degradaciones, al aplicar el principio de proporcionalidad.

El ministro enumeró agresiones contra profesores, policías y bomberos, daños e incendios en centros educativos y transportes, además de estudiantes y ciudadanos afectados por proyectiles y morteros.

Afirmó que las instrucciones del 26 y 30 de septiembre ordenan intervenir ante la violencia, aunque con especial cautela porque muchos manifestantes son menores.

De igual forma, el titular del Interior rechazó, además, haber dado órdenes para no intervenir, ante declaraciones de parlamentarios de la ultraderecha sobre una supuesta falta de rigor contra los desórdenes.

El ministro afirmó que tras dos semanas de protestas se registraron seis mil 629 detenciones, la gran mayoría de ellos menores de edad, mientras que mantuvo sin cambios la cifra de 215 menores heridos y aumentó la de policías lesionados a 761.

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