Los temores de prácticas represivas contra los protestantes se reavivan debido a los videos que circularon en las últimas horas de enfrentamientos entre integrantes de las fuerzas del orden y algunos de los participantes en una marcha realizada ayer en favor de Palestina y en contra del genocidio israelí.

Al respecto, la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal denunció que uniformados agredieron a personas que se encontraban manifestándose y en contra defensores de derechos humanos que habían formado una cadena humanitaria para proteger a quienes estaban encintados en el lugar, cercano a la Embajada de Palestina.

Según alertó, la Policía no puede asumir que toda manifestación es un disturbio ni convertir el uso de la fuerza en la primera respuesta.

“En Colombia, el protocolo para la actuación policial en protestas establece que debe privilegiarse el diálogo y la mediación; que la fuerza es un recurso de último recurso y que, cuando sea necesaria, debe ser legal, necesaria, proporcional y racional”, planteó.

Las imágenes de los enfrentamientos y la advertencia de Carrascal anteceden a una movilización convocada por la Central Unitaria de Trabajadores, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, el partido Pacto Histórico y otras plataformas aliadas para el próximo miércoles 14 de octubre.

El objetivo de las protestas es expresar rechazo a las decisiones y políticas adoptadas por el actual gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y reclamar respeto por las medidas de beneficio social adoptadas por la anterior administración.

El expresidente Gustavo Petro (2022-2026) aseguró que participará en la movilización de Bogotá y pidió a todo el pueblo trabajador de la ciudad a sumarse a la jornada.

“Tenemos que movernos y preparar la lucha hasta la huelga general por un salario mínimo vital para el año 2027 y un plan serio de lucha contra el hambre para mitigar el efecto que dejará la sequía. La marcha debe ser multitudinaria y completamente pacífica”, recalcó en su cuenta de X.

De la Espriella advirtió en horas recientes que su gobierno garantizará la protesta pacífica del 14 de octubre, pero no permitirá bloqueos de vías, violencia, ni actos vandálicos.

Las tensiones se agravan además debido al contenido del Estatuto Antiterrorista, un proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo cuyo presunto fin sería “perseguir las finanzas de criminales y reclasificar a los Grupos Armados Organizados como organizaciones terroristas”, pero que es visto como una amenaza por el progresismo.

El representante a la Cámara por el Pacto Histórico Gabriel Becerra cuestionó el contenido de la propuesta.

“El “Estatuto Antiterrorista” plantea una lista pública definida por el Consejo de Seguridad Nacional, con congelamiento de recursos. ¿Qué garantías tendrán los señalados y cómo se protegerá la oposición?”, preguntó.

Manifestó asimismo que la lucha contra el terrorismo no puede convertirse en una excusa para debilitar el debido proceso e instó al Congreso a examinar sus controles y garantías constitucionales.

De acuerdo con el exsenador Gustavo Bolívar, la iniciativa gubernamental representará “un régimen de terror que hará palidecer el Estatuto de Turbay Ayala”, que en 1978 catalogó a la disidencia política interna como un “enemigo de la nación”.

“Solo imaginen la implacable persecución y ruina sobre todo aquel del que se tenga sospecha. Será un instrumento de persecución política con un único fin: acabar el progresismo y a sus cabezas”, expresó en su cuenta de X.

La senadora Isabel Zuleta hizo otras alertas sobre el proyecto que resultan igual de inquietantes.

“Pretende volver a Colombia al Terrorismo de Estado que persigue a la oposición, que entrega nuestra soberanía Nacional a EEUU para facilitar una intervención militar de ese país, que aumenta penas cuando todos sabemos que eso no desestimula el delito y lo peor, autoriza bombardear y hacer operaciones militares en ciudades”, opinó.

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