Mis primeras palabras fueron y seguirán siendo para las familias y para toda aquella comunidad, subrayó el mandatario en conferencia de prensa desde el Palacio Nacional de la Cultura, sede del Gobierno, en abierta referencia al incidente del pasado 27 de septiembre.
El Ejército, como parte del Ejecutivo, es una institución sometida al respeto irrestricto de la ley y colaborará con las autoridades judiciales en el esclarecimiento de estos hechos, remarcó el jefe de Estado en el espacio llamado La Ronda.
El informe no está sujeto a reserva por razones de seguridad nacional, pero sí está sometido a reserva judicial a criterio de las entidades legales, explicó Arévalo.
Adicionalmente, se tomaron las siguientes medidas con el propósito de facilitar la investigación judicial y que se realicen todas las diligencias y peritajes necesarios, acotó.
En primer lugar, mencionó, se relevó del mando al jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional (Jorge Geovani Martínez).
Además, amplió Arévalo, se separó del cargo al comandante de la Segunda Brigada de Infantería con sede en Zacapa (Ervin Amílcar Constanza).
Aparte, aseveró, se concentró a la unidad involucrada en el interior de la brigada de aquel departamento y se puso a disposición del MP su personal, armamento y equipo.
Estas son decisiones administrativas, no las conclusiones judiciales del caso, enfatizó el abanderado del partido Movimiento Semilla.
El ministro de la Defensa, Henry Sáenz, compartió, por su parte, que las averiguaciones de su cartera sobre el incidente concluyeron.
De acuerdo con los resultados, el despliegue del personal y vehículos militares hacia el municipio tuvo como propósito la colocación de puestos de registro y control en los principales accesos al casco urbano, detalló.
El informe establece que al escucharse detonaciones de arma de fuego y no tenerse identificada una amenaza ni conocerse el motivo, los uniformados realizaron disparos disuasivos controlados de advertencia para salvaguardar la vida o la integridad física, amplió el general de División.
Asimismo, se tomó la decisión de no ingresar al enfrentamiento armado con el propósito de evitar un posible escalonamiento de violencia y mayores riesgos, precisó el funcionario.
Las primeras líneas de investigación –reveló días atrás la Policía Nacional Civil- sugieren que estos hechos forman parte de acciones planificadas por estructuras criminales que operan en el área.
Un informe de esa institución expuso que un grupo armado siguió al presunto líder narcotraficante Haroldo Lorenzana (hijo). Otro mencionó a unos 20 hombres, helicópteros y un convoy supuestamente militar.
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