El primer Estudio de Madurez de Ciberseguridad Empresarial en Panamá, publicado por el diario La Prensa, situó en 46 por ciento el nivel promedio de preparación de las compañías evaluadas, por debajo del 75 por ciento, considerado mínimo para una organización segura.
El diagnóstico abarcó a más de 400 empresas privadas de los sectores comercial, industrial, financiero y educativo.
La dimensión de la amenaza quedó reflejada en los más de cuatro mil millones de intentos de intrusión detectados durante el último año por el Centro de Operaciones de Seguridad de Tigo Business, cifra superior en más de 50 por ciento a la del período precedente.
Aunque alrededor del 90 por ciento de las compañías evaluadas presenta fortalezas en la protección de sus redes externas, persisten deficiencias en la detección de incidentes y la capacidad de respuesta.
Entre las principales vulnerabilidades figuran la gestión de registros de auditoría, con apenas 26,5 por ciento de madurez, y las pruebas de penetración, con 27,2 por ciento, herramientas esenciales para identificar fallos y reconstruir lo ocurrido tras un ataque.
Asimismo, el 64 por ciento de las organizaciones carece de un plan formal de respuesta ante incidentes, mientras el 55,9 por ciento no realiza simulacros y cerca del 60 por ciento no verifica periódicamente sus copias de seguridad.
Carlos Alvarado, director de Desarrollo de Negocios de Tigo Business, advirtió que Panamá permanece bajo la presión de grupos criminales que buscan vulnerar los sistemas de empresas, instituciones públicas y entidades financieras.
A esas debilidades se suma la limitada inversión en protección digital. Las compañías destinan alrededor del cinco por ciento de sus presupuestos tecnológicos a ciberseguridad, frente a entre 10 y 12 por ciento del promedio regional y el 15 por ciento señalado como referencia internacional en el estudio.
Los especialistas alertan además sobre el empleo de inteligencia artificial y herramientas de automatización para sofisticar los ataques y reducir los costos de las operaciones delictivas, lo que amplía la exposición de pequeñas y grandes empresas.
Franklin Rodríguez, miembro fundador de la Asociación Panameña de Ciberseguridad, señaló que la protección informática constituye un factor estratégico para garantizar la continuidad operativa, preservar la reputación empresarial y fortalecer la confianza.
En ese sentido, consideró que las aspiraciones de Panamá de consolidarse como centro digital regional requieren condiciones de seguridad acordes con ese objetivo.
También el estudio subraya sobre la importancia de cumplir las disposiciones de la Ley 81 de 2019 sobre Protección de Datos Personales, ante las posibles pérdidas económicas y afectaciones que pueden ocasionar las intrusiones informáticas.
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