La reunión ocurre a propósito de la presentación del informe trimestral que el equipo de Naciones Unidas en territorio neogranadino elaboró sobre el cumplimiento reciente de la letra del pacto, alcanzado hace ya una década.

La Misión se encarga actualmente de la supervisión de tres cuestiones fundamentales entre los que se hallan la reincorporación política, económica y social de los más de 11 mil excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).

También vela por las garantías de seguridad tanto para los firmantes de la paz y sus familias como para líderes sociales y comunidades vulnerables, así como por los avances de la Reforma Rural Integral (acceso a tierras y desarrollo del campo).

De acuerdo con Bula, el cumplimiento de estas obligaciones requiere una revisión periódica de los instrumentos y mecanismos institucionales que permiten llevarlas a la práctica con el fin de asegurar su eficacia y adaptación a las realidades del país.

Alegó que corresponde a cada Gobierno, en ejercicio de sus competencias constitucionales y democráticas, evaluarlos y proponer los ajustes que considere necesarios “para procurar esquemas más eficaces, sostenibles y acordes con las realidades territoriales, fiscales y de seguridad del país”.

De acuerdo con el canciller, la reincorporación y las garantías de seguridad están directamente vinculadas con la transición de los antiguos integrantes de las FARC-EP hacia la vida civil, lo que justifica la continuidad de su verificación internacional, pero consideró que una reforma rural integral tiene una naturaleza distinta.

Calificó este último eje, que constituye el primer punto del acuerdo como “una política pública estructural, multisectorial y de largo plazo cuya implementación debe integrarse adecuadamente a la institucionalidad permanente”.

“El acceso a la tierra, la formalización de la propiedad, la productividad rural, la infraestructura y las oportunidades económicas para nuestros campesinos son responsabilidades fundamentales del Estado colombiano. Su cumplimiento exige una acción institucional permanente de largo plazo que, por su propia naturaleza, trasciende el alcance y la duración de una misión especial de verificación”, sentenció.

En el informe de la Misión de Verificación presentado durante esta jornada, el secretario general de la ONU, António Guterres, remarcó que la implementación del Acuerdo de Paz puede contribuir al logro de varias prioridades del Gobierno colombiano, como la reducción de la violencia y la ampliación de la presencia estatal.

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