Desde las afueras del Legislativo, la vocera de la organización, Ximena Ponce, explicó que la iniciativa busca ampliar el Sistema Nacional de Cuidados y fortalecer la responsabilidad del Estado en la garantía de este derecho durante todas las etapas de la vida.

La propuesta plantea mejoras para las mujeres que cuidan a personas con discapacidad, adultos mayores y niños, así como para quienes trabajan en centros de desarrollo infantil y casas de acogida.

“Para nosotras, desde la plataforma, es importante que el derecho humano esté en el centro de la gestión política”, afirmó Ponce, quien recordó que la ley vigente fue aprobada en 2023.

Entre las sugerencias están crear una pensión de vejez dirigida a quienes se dedican al cuidado no remunerado, ampliar la licencia por maternidad de 12 a 14 semanas, y reconocer formalmente el trabajo del hogar, que según afirman aporta cerca del 20 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB).

Ante los obstáculos para ingresar a la sede parlamentaria, la dirigente señaló que la organización solicitó con anticipación la entrada para entregar el documento, e incluso representantes de varias provincias viajaron a Quito para participar en la jornada.

Sin embargo, las vallas instaladas en los alrededores de la Asamblea dificultaron el acceso de unas 60 integrantes de la Plataforma, que esperaban ser recibidas por los legisladores.

Ponce defendió la necesidad de que las organizaciones sociales participen en el debate legislativo y sostuvo que las cuidadoras deben ser escuchadas en las decisiones que afectan sus condiciones de trabajo y el reconocimiento de sus derechos.

La asambleísta Paola Cabezas, de la Revolución Ciudadana, y otros legisladores de esa organización salieron del recinto parlamentario a recibir a las representantes de la Plataforma.

Cabezas respaldó la iniciativa y afirmó que las mujeres han soportado históricamente una carga de cuidados que con frecuencia permanece invisibilizada.

“Cuidar es trabajar”, sostuvo la legisladora al referirse a la propuesta de reforma, que busca abrir un debate sobre las responsabilidades del Estado y las condiciones de quienes realizan estas labores.

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