La sesión se desarrolló sin incidentes, pese a las contradicciones entre el oficialismo, que tiene una mayoría ajustada, y la oposición conformada por partidos progresistas y de centro.

El presidente oficialista de la comisión, Carlos Mesía, insistió en que se vote pronto lo pedido por el Gobierno, que incluye temas ajenos a las facultades aprobadas por la Cámara de Diputados, donde la mayoría, aprobó solo dos materias con 20 puntos, sobre la lucha contra la delincuencia y el Fenómeno El Niño.

Mesía planteó la votación pronta del dictamen de la comisión, para que el pleno del Senado lo apruebe el lunes próximo y argumentó que las bancadas parlamentarias ya han fijado sus posiciones, lo cual implica que ya no hay mucho que discutir.

Iber Maraví, uno de los voceros de Juntos por el Perú (JP) -la bancada más numerosa de la oposición-, reiteró las diferencias de su agrupación con la corriente oficialista y cuestionó que no se hubiera debatido el dictamen de los diputados y que no haya un debate a fondo, por lo que el oficialismo impondrá su mayoría en el Senado.

Añadió que los hechos demuestran que JP hizo lo correcto al votar contra las amplias facultades requeridas por la presidenta Keiko Fujimori, pues el comportamiento del oficialista RP evidencia que quieren rebasar el dictamen de los diputados.

La sesión de hoy comenzó con la presentación de representantes de pequeños empresarios y un integrante del consejo consultivo congresal integrado por juristas conservadores que, obviamente, apoyaron el incremento de facultades, como antes ya lo habían hecho.

La senadora progresista Indira Huilca cuestionó que ante un tema tan delicado como los límites del Senado para modificar lo aprobado por Diputados, se haya invitado solo al jurista conservador Víctor García y dijo que no hay un debate plural sino una decisión tomada.

El periodista Carlos Viguria reveló que entre los juristas que no fueron invitados figura el ex presidente del Tribunal César Landa, quien elaboró un informe para los diputados sobre el pedido gubernamental de facultades legislativas.

Agregó que el informe considera inconstitucionales temas que el Ejecutivo quiere añadir, como la militarización de las cárceles, considerar organizaciones criminales como terroristas, presunción de racionalidad en la legítima defensa y silencio administrativo positivo en evaluaciones ambientales.

car/mrs